Corte Suprema abre indagación preliminar contra William Villamizar. Gobernador de Norte de Santander, en el caso del asesinato del veedor Jaime Vásquez: el país exige que no quede impune.
Por
primera vez desde el asesinato del periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez,
la investigación toca el círculo de poder del Norte de Santander.
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el exgobernador William Villamizar Laguado, por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, dentro de un expediente que nació de la compulsa de copias hecha por la Unidad Especial de Investigación, encargada del esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales y periodistas.
La decisión, revelada en El
Reporte Coronell este viernes 5 de diciembre, podría convertirse en
un punto de inflexión para evitar que el homicidio del veedor quede en la
impunidad y para avanzar sobre los responsables
ideológicos, quienes, según múltiples trazas de la
investigación, habrían ordenado y financiado el ataque.
Un asesinato anunciado: seguimiento,
sicarios y la sombra del Tren de Aragua
El 14 de abril del año pasado, Jaime
Vásquez salió temprano de su casa rumbo a misa, como hacía cada domingo. Luego
se dirigió a desayunar un pastel de garbanzo en una panadería del centro de
Cúcuta. Lo que no sabía es que desde horas antes estaba siendo seguido.
Las cámaras de vigilancia —recopiladas
meticulosamente por los investigadores— mostraron un recorrido siniestro:
• Un
hombre zurdo, que cojeaba del pie izquierdo, lo persiguió desde la iglesia
hasta la cafetería.
•
Allí, Vásquez intentó refugiarse dentro del local, pero fue alcanzado y
acribillado a plena luz del día.
• El
sicario huyó cojeando, tal como había llegado.
Ese hombre, identificado 48 horas
después, es José Alejandro Arias, alias “El Chueco”, “Pure”, “Cari” o “El Cojo”,
de nacionalidad venezolana.
Según la Policía, pertenece a los AK-47, una célula sicarial al servicio de El Tren de Aragua,
estructura criminal que opera en Norte de Santander.
La Fiscalía, a partir de los videos,
interceptaciones y trazas telefónicas, lo capturó rápidamente. Pero el caso,
lejos de cerrarse con la captura del ejecutor, apenas estaba comenzando.
“No me han pagado”: la llamada que
destapó la posible responsabilidad de altos funcionarios
En junio, El Reporte Coronell
reveló un dato que estremeció a la opinión pública:
El
presunto sicario llamó a su abogado de oficio para que lo ayudara a cobrar el dinero que le habían prometido por el crimen.
En la conversación —entregada por el
abogado a la Defensoría y luego a la Fiscalía— el pistolero afirma:
·
“Yo no he soltado la sopa.”
·
“Ayúdeme con un vencimiento… una
vuelta.”
·
“Dígales al gobernador y al alcalde que
Julio César no me ha pagado.”
Las referencias son explícitas:
·
“El gobernador”: William Villamizar
·
“El alcalde”: Jorge Enrique Acevedo
·
“Julio César” → Julio César Casas,
empresario de seguridad, condenado a 18 años por delitos sexuales y mencionado
repetidamente como presunto intermediario del pago.
Aún más grave: el sicario asegura en
otro audio que le deben 600 millones de pesos por el asesinato.
Esto plantea dos interrogantes
inevitables:
1.
¿Por qué un sicario
afirma que el gobernador y el alcalde tendrían que presionar el pago del
crimen?
2.
¿Qué papel desempeñó
Julio César Casas en la coordinación o financiación del atentado?
La investigación que pudo costarle la
vida a Vásquez
Meses antes de su asesinato, Vásquez
entregó copias de una investigación a personas de confianza.
Esa
carpeta contenía datos sensibles sobre un proceso
de extinción de dominio
que involucraba:
• al gobernador William Villamizar,
•
miembros de su familia,
• y aliados
políticos influyentes en Norte de Santander.
Hoy, esa línea investigativa vuelve a
cobrar fuerza: si la muerte de Vásquez buscaba silenciar esa indagación, la
responsabilidad no estaría únicamente en los autores materiales.
La Corte Suprema interviene: una
indagación que toca el poder político
La indagación preliminar ordenada por la
Sala de Instrucción es reservada, pero incluye un hecho inusual:
El indiciado podrá acceder a la noticia criminal, un logro garantista dentro del proceso penal.
Esta etapa tiene un término máximo de dos años
para decidir si se formula imputación o se archiva el expediente.
Por ahora, lo claro es que:
·
El
exgobernador William Villamizar ya fue llamado a indagación preliminar.
·
Queda
por establecer si el alcalde de Cúcuta, Jorge
Enrique Acevedo, también será vinculado formalmente,
dado que su nombre aparece en los audios del sicario.
·
La
reserva legal impide conocer si ya existe una línea investigativa abierta sobre
Acevedo, pero su mención en múltiples grabaciones hace inevitable preguntarlo.
El país exige justicia: capturar a los
determinadores es la clave
La captura del sicario no puede cerrar
un expediente que apunta a un entramado criminal más complejo.
El
homicidio de un veedor y periodista —cuya labor era precisamente denunciar
corrupción pública— constituye un mensaje profundo de intimidación contra el
control ciudadano.
La sociedad colombiana, especialmente el
gremio periodístico, exige que:
-
Se
esclarezca quién ordenó y pagó el crimen.
-
Se
establezca qué intereses políticos o económicos se beneficiaban de silenciar a
Vásquez.
-
Se
capture a los autores intelectuales
y financiadores,
no solo a los
ejecutores.
-
La
investigación no se desvíe ni se archive por presiones regionales.
Porque si matar a un periodista que
vigila la corrupción queda impune, lo que se silencia no es solo una voz: es el derecho de toda
la ciudadanía a saber la verdad.
EDITORIAL
La
investigación por el asesinato de Jaime Vásquez ya no admite silencios ni
evasivas. Las pruebas recogidas —los videos, los seguimientos, los audios del
sicario reclamando el pago, las menciones explícitas a funcionarios y a un
empresario condenado— dibujan un escenario que la justicia no puede pasar por
alto. El país no puede permitir que este crimen termine reducido a la captura
del ejecutor mientras los determinadores siguen moviéndose con total libertad y
poder.
Jaime Vásquez fue asesinado por investigar,
por exponer irregularidades y por desafiar intereses que se creían intocables.
Matarlo fue un mensaje: acallar la vigilancia ciudadana y blindar la
corrupción. Lo que hoy está en manos de la Corte Suprema no es solo un
expediente judicial; es una oportunidad histórica para demostrar que en
Colombia los crímenes contra periodistas no se negocian, no se archivan y no se
olvidan.
El
país exige una respuesta clara:
que se identifique,
judicialice y capture a quienes ordenaron y financiaron el asesinato.
No
basta con los autores materiales. No basta con reconocer que hubo participación
de estructuras criminales. La justicia debe llegar al fondo: quién pagó,
quién ordenó, quién se benefició del
silencio de Jaime Vásquez.
Si los responsables ideológicos no caen, este crimen no se habrá esclarecido.
Y la impunidad, una vez más, será una sentencia de muerte para quienes se atreven a denunciar.
Colombia no puede permitirse ese fracaso.
La
memoria de Jaime Vásquez tampoco.
0 Comentarios