La degradación tecnológica de la guerra, evidenciada en el uso de drones cargados con explosivos, ha transformado de manera dramática la dinámica del conflicto armado en la región del Catatumbo y ha incrementado el riesgo para la población civil. Así lo advirtieron expertos, líderes sociales, delegados de Naciones Unidas y funcionarios del Gobierno nacional, al analizar la emergencia humanitaria que desde hace un año enfrenta este territorio por los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Los voceros alertaron sobre el impacto de esta modalidad de ataque en zonas cercanas a escuelas, iglesias y puestos de salud, lo que representa una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese sentido, reiteraron la urgencia de adoptar una política nacional de humanización del conflicto armado, que garantice la protección efectiva de las comunidades.
La preocupación se intensificó tras los hechos ocurridos en diciembre pasado en el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra. Según denuncias de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, en esa zona se registraron cerca de 84 ataques con drones, que dejaron al caserío prácticamente destruido. Sus habitantes comparan lo sucedido con la incursión paramilitar de hace 25 años, recordó Olga Quintero, delegada de esta organización social.
De acuerdo con los reportes recopilados, los ataques provocaron la muerte de un niño de 12 años, un número indeterminado de integrantes de grupos armados ilegales y el confinamiento de decenas de familias. Además, el cierre prolongado de escuelas habría generado la desescolarización de aproximadamente 1.000 niños, niñas y adolescentes en la región.
“Eso nos tiene que doler. ¿Qué vamos a hacer como Estado, como sociedad civil y como líderes para resolver esta problemática?”, cuestionó Quintero, quien hizo un llamado a los actores armados para que respeten los mínimos humanitarios y distingan entre combatientes y población civil.
Por su parte, Diana Sánchez, funcionaria del Ministerio de Defensa, advirtió que los grupos armados están utilizando drones artesanales y de baja precisión, lo que aumenta considerablemente el riesgo para las comunidades. “Son artefactos sin objetivos claros, similares a lo que en el pasado se conocía como tatucos, y mantienen a la población en constante zozobra”, explicó.
La funcionaria señaló que el Estado debe invertir recursos significativos en tecnología especializada que permita contener esta amenaza, garantizando estándares que eviten afectaciones a la población civil. Según cifras oficiales, de las 121 víctimas causadas por ataques con drones durante el último año, el 50 % correspondió a miembros de la fuerza pública y el resto a civiles, lo que evidencia la magnitud del impacto humanitario de esta práctica en el conflicto armado.
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