A pocos meses de la instalación del nuevo Congreso de la República, el panorama político se ve marcado por investigaciones disciplinarias y judiciales que salpican a decenas de parlamentarios electos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, cerca del 18,5 % de los congresistas que asumirán en julio tienen procesos en curso ante la Procuraduría General, lo que equivale a casi uno de cada cinco integrantes del Legislativo.
La situación se agravó recientemente luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas electos Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos, que actualmente se desempeñan como representantes a la Cámara, no podrán posesionarse de sus curules el próximo 20 de julio.
Esto significa que el nuevo Congreso iniciará su periodo con al menos dos sillas vacías mientras avanzan los procesos judiciales. Aunque ninguno de los dos ha sido condenado y se mantiene la presunción de inocencia, en lo que resta de legislatura podría aplicarse la figura de la “silla vacía”.
Decenas de congresistas bajo investigación
Según confirmó la Procuraduría, actualmente existen procesos abiertos contra 26 senadores electos —es decir, uno de cada cuatro integrantes de esa corporación— y contra 27 representantes a la Cámara, lo que representa cerca del 16 % de los miembros de esta corporación.
En total, el organismo de control adelanta 52 procesos contra senadores electos y 40 contra representantes. La diferencia entre número de congresistas y procesos se explica porque un mismo funcionario puede tener varias investigaciones simultáneas.
Entre las colectividades políticas, el Pacto Histórico concentra el mayor número de procesos en el Senado, con 17 investigaciones abiertas contra sus congresistas electos. Le sigue el Partido Liberal con 13 procesos, mientras que el Partido de La U acumula siete investigaciones. Otras colectividades, como el Centro Democrático y el Partido Conservador, registran hasta cinco procesos cada una.
Los congresistas con más investigaciones
El senador electo con mayor número de procesos vigentes es Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal. Aunque a lo largo de su carrera pública ha enfrentado 39 investigaciones disciplinarias, actualmente mantiene nueve activas, todas relacionadas con su gestión como gobernador de Sucre entre 2020 y 2023. Espinosa obtuvo 96.310 votos en las pasadas elecciones legislativas.
Dentro del Pacto Histórico también figuran congresistas con investigaciones abiertas. Uno de ellos es el senador Alex Flórez, cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien acumula cinco procesos disciplinarios: cuatro derivados de su paso por el Concejo de Medellín y uno relacionado con su desempeño como senador.
En esa misma colectividad aparece Carmen Patricia Caicedo, quien a lo largo de su trayectoria política ha acumulado 24 procesos disciplinarios, aunque solo tres permanecen vigentes.
Otros senadores electos con hasta cinco investigaciones activas son Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador —quien logró 88.065 votos—, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U, que pasó de la Cámara de Representantes de Norte de Santander al Senado tras obtener 125.356 votos.
Investigaciones en la Cámara de Representantes
En la Cámara de Representantes, el congresista electo con más procesos es el exalcalde de Valledupar Mello Castro González, elegido con 58.171 votos por el Partido Liberal. Entre los hechos investigados figuran presuntas irregularidades en el manejo de regalías y la supuesta omisión en la presentación de su declaración de bienes y rentas.
Con hasta tres procesos disciplinarios también aparecen el exalcalde de Piedecuesta (Santander), Mario José Carvajal, elegido con 61.313 votos por el liberalismo; el exdiputado de Risaralda José Durgués Espinosa Martínez, respaldado por el Centro Democrático y el MIRA con 26.760 votos; y Julio Aníbal Álvarez, exdiputado liberal de Nariño, quien obtuvo 35.534 apoyos.
Asimismo, figuran con dos investigaciones activas el exalcalde de Duitama (Boyacá) José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico; Juan Manuel Londoño, exgerente de Inficaldas y exsubgerente del Incoder, elegido por el Partido Conservador con 30.335 votos; y la actual representante del Huila Flora Perdomo Andrade, respaldada por el Partido Liberal con 38.092 votos.
También aparece Guillermo Ignacio Alvira Acosta, exalcalde de San Luis (Tolima), quien alcanzó 54.506 votos con el aval conservador. Uno de los procesos en su contra se relaciona con el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela que ordenaba ejecutar el proyecto habitacional Torres de San Carlos o, en su defecto, ofrecer alternativas a los beneficiarios.
Sanciones disciplinarias y debate jurídico
Uno de los casos más recientes es el del senador Alex Flórez, sancionado en primera instancia por la Procuraduría por el incidente ocurrido en Cartagena en septiembre de 2022, cuando insultó a miembros de la Policía en estado de embriaguez. Por estos hechos fue suspendido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante seis meses.
Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional determinó que las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos por voto popular no pueden quedar en firme hasta que un juez emita una decisión definitiva.
Esta posición tiene como antecedente el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del actual presidente Gustavo Petro, según el cual la Procuraduría no puede inhabilitar directamente a funcionarios elegidos por voto popular.
De acuerdo con el abogado César Vargas, magíster en Criminología y presidente de la firma CDS Estrategia Legal, en estos casos la decisión final corresponde al Consejo de Estado. “Lo que dice la Constitución es que nadie puede ser juzgado sino por su juez natural. En el caso de personas elegidas por voto popular, ese juez es el Consejo de Estado”, explicó.
Miles de investigaciones a candidatos
El análisis de la Procuraduría también revela que, de los 1.078 candidatos que se inscribieron para el Senado y de los 2.066 que aspiraron a la Cámara de Representantes, se registraron en total 2.463 investigaciones disciplinarias.
No obstante, la mayoría de estos procesos —2.121— se encuentran inactivos, mientras que 342 continúan vigentes.
Entre los expedientes activos, 186 (54 %) se encuentran en etapa probatoria. Otros 62 casos están en fase de descargos, 51 en evaluación de investigación disciplinaria, 17 pendientes de fallo, ocho en apelación de sanciones y siete en etapa probatoria dentro de indagaciones preliminares.
Incertidumbre sobre las curules vacantes
Tras la decisión de la Corte Suprema de enviar a prisión a Wadith Manzur y Karen Manrique, surgieron dudas sobre el futuro de sus curules, especialmente porque ambos fueron reelegidos.
Aunque aún no existe una condena en firme, podría aplicarse la figura de la “silla vacía”, al menos durante los últimos meses del actual periodo legislativo.
Existen precedentes similares. Uno de ellos es el del exsenador liberal Mario Castaño, capturado en junio de 2022 cuando faltaba poco más de un mes para finalizar su periodo. En ese caso, su curul no fue ocupada, pero tampoco se aplicó formalmente la figura de la silla vacía.
Otro antecedente es el de la exsenadora Aída Merlano, condenada por delitos electorales. Aunque Soledad Tamayo asumió temporalmente su escaño, el Consejo de Estado posteriormente anuló el acto de llamamiento realizado por el Congreso.
En este contexto, el arranque del nuevo Legislativo se perfila bajo un ambiente de cuestionamientos sobre la integridad de varios de sus integrantes y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público.
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