La decisión del alto tribunal, emitida el 11 de marzo en el marco de una sentencia anticipada conforme a la Ley 600 de 2000, también impuso al excongresista una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena. Asimismo, deberá pagar una multa de $880.802.287, que deberá consignar al Tesoro Nacional, y otra por concepto de daños y perjuicios equivalente a $7.657.198.064.
De acuerdo con la investigación de la Corte Suprema de Justicia, durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas (2008–2011), el entonces senador influyó indebidamente y de manera directa sobre funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer determinados contratos de estas entidades públicas.
Según el fallo, las irregularidades se materializaban mediante el pago de “comisiones” por parte de intermediarios como Héctor Julio Gómez González, Mercedes del Carmen Ríos Hernández y Andrés Alberto Cardona Laverde, con el fin de beneficiar a contratistas específicos. Estos recursos provenían de los anticipos entregados por las entidades distritales para la ejecución de los contratos.
La investigación estableció que Moreno Rojas habría recibido comisiones por $350.000.000 en el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, especialmente por la adjudicación del Convenio de Asociación No. 1982 del 13 de marzo de 2009, y por $1.000.000.000 en relación con contratos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
El exsenador, quien perteneció al partido Polo Democrático, podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Esta no sería la única condena contra Moreno Rojas. En 2014, la Corte Suprema lo sentenció a 14 años de prisión por los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, también relacionados con el “Carrusel de la Contratación”. En esa ocasión, el alto tribunal concluyó que el excongresista manipuló y direccionó contratos públicos a cambio de dinero.
Posteriormente, en 2023, la Corte Suprema de Justicia volvió a condenarlo a 13 años de prisión por su participación en el mismo entramado de corrupción, al encontrarlo responsable como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares, así como determinador de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
En esa investigación se evidenció la existencia de un acuerdo ilegal entre Iván Moreno Rojas, su hermano Samuel Moreno Rojas y contratistas del Distrito Capital —entre ellos Manuel Sánchez Castro, Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez y Álvaro Dávila—, así como congresistas, concejales y otros particulares.
El objetivo de dicho acuerdo era obtener apoyo político y económico para la campaña que llevó a Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá para el periodo 2008–2012, además de incrementar de manera injustificada el patrimonio de sus integrantes mediante la manipulación de contratos del Distrito y el pago de comisiones o dádivas por parte de los contratistas.
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