De acuerdo con Migración Colombia, hasta finales de
2021 habían ingresado al país cerca de 1’900.000 migrantes venezolanos. Bogotá
es la ciudad que ha recibido el mayor número, con el 21 por ciento; le siguen
Medellín (8 por ciento), Cúcuta, Barranquilla y Cali (5 por ciento cada una),
Cartagena (3 por ciento) y Santa Marta, Bucaramanga, Maicao, Soacha y Riohacha
(2 por ciento).
Una migración económica y social que, como la
colombiana hacia otros países, está compuesta por ciudadanos y ciudadanas que
buscan mejores oportunidades de ingreso y bienestar para ellos y sus
familias. Procesos migratorios masivos que, en la mayoría de los países
receptores, algunas autoridades y un buen número de ciudadanos los ven como una
amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de sus habitantes.
Colombia no ha sido la excepción. 1) Porque en toda su
historia no había tenido que atender una migración tan alta como la que se ha
registrado desde 2016; 2) porque a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional
y los locales para atender las demandas de los migrantes venezolanos, el alto
número rebasó la capacidad de las autoridades y, 3) no son pocas las
autoridades y ciudadanos que los ven como los culpables del incremento del
desempleo y la inseguridad en algunas ciudades y regiones del país.
Frente a este último punto, hay que reconocer que la
gran mayoría de los migrantes son personas trabajadoras y honradas que están
buscando oportunidades económicas, sociales y de desarrollo para ellos y sus
familias. Pero también hay que reconocer que en todos los procesos
migratorios, incluido el de los colombianos hacia otros países, se entremezclan
algunas personas que se dedican a actividades delincuenciales, comenzando por
los que se lucran con la explotación de la migración y de los migrantes; otros
que explícitamente tienen como objetivo delinquir en el sitio de llegada y unos
más que, ante la falta de oportunidades, terminan involucrados y explotados
realizando acciones delincuenciales para organizaciones criminales. Un pequeño
grupo que con sus acciones delincuenciales termina afectando la imagen de la
gran mayoría de migrantes honrados.
Por otro lado, adicional a la condición vulnerable de
migrantes y de ser en algunos casos discriminados, pasan casi inadvertidos los
distintos hechos en que son víctimas de violencias.
Dos “caras de la misma moneda”, víctimas y
victimarios, que deben ser reconocidas en su verdadera dimensión para
valorar de mejor manera la incidencia de la migración en estos hechos, para que
el Estado colombiano pueda tomar medidas para atender esta problemática, con
base en información cierta y para evitar las generalizaciones que afectan de
manera grave a esta población.
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