Esta semana publicamos nuestra investigación sobre el gasto de publicidad oficial en la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo, quien en dos años y medio gastó 94 mil millones de pesos. Este fue un estudio especialmente difícil de realizar por los obstáculos en el acceso a la información que impone la administración barranquillera.
A través de derechos de petición, pedimos que nos entregaran todos los contratos de publicidad que firmó la alcaldía entre enero del 2020 y septiembre del 2022. La sorpresa la tuvimos al ver que supuestamente solo habían firmado diez contratos, un número irreal teniendo en cuenta las altas cifras que ha gastado Barranquilla en pauta oficial en el pasado. Gracias a una alianza con la Contratopedia Caribe, nos enteramos que en realidad la administración de Pumarejo había adjudicado 45 contratos de publicidad oficial, y por supuesto, el monto gastado era muy superior a lo que nos habían hecho creer.
Del mismo modo, la Alcaldía nunca nos entregó los soportes de todos los contratos, y estos tampoco estaban publicados en la página del SECOP, la Agencia Nacional de Contratación Pública. Así, fue imposible acceder a los informes de ejecución de cuatro contratos, y tampoco pudimos revisar la evidencia de la publicación de la piezas publicitarias de otros 41 contratos.
Al realizar nuestra investigación de Pauta Visible en Bogotá, nos encontramos con un escenario similar. Primero, el distrito no reportó la información completa sobre el gasto de publicidad en las redes sociales, un canal mediante el cual se comparte cada vez más publicidad oficial. Solo veinte entidades, de las 64 a las que les pedimos información en Bogotá, nos señalaron cuál fue el rubro que gastaron para difundir publicidad en redes.
Además, como la ETB no nos quería responder los derechos de petición, tuvimos que presentar dos recursos de insistencia. Finalmente nunca nos entregaron la información sobre el objeto de los contratos, a pesar de que la entidad gastó el 47% de los recursos de publicidad oficial en Bogotá.
La verdad quisiéramos decirles que estos casos son aislados, y que el resto de entidades y funcionarios públicos en Colombia cumplen con su función de entregar información pública y de interés general de una forma clara y sencilla. Sin embargo, la realidad es diferente. Desde el 2020 en la FLIP hemos registrado 147 casos en los que la prensa tiene dificultades para acceder a la información. Colombia, a pesar de tener una ley de acceso a la información desde el 2014, aún tiene serios problemas para que este derecho se cumpla a cabalidad.
Es importante que las entidades entreguen la información completa, en los plazos establecidos. Por ley, las solicitudes de información se deberían responder en 15 días hábiles; sin embargo, en nuestras investigaciones sobre pauta oficial podemos demorarnos casi dos meses esperando tener respuestas. Es clave entender que la información no pertenece a ciertos funcionarios o instituciones, sino que es de toda la sociedad. Sin acceso a la información, muchas de las investigaciones periodísticas no podrían ser publicadas o les tomaría mucho más tiempo hacerlo, lo que implica casi siempre que los datos pierdan vigencia y queden desactualizados.
0 Comentarios