Las mujeres violentadas desconfían de la justicia es una de las conclusiones que se desprenden de un análisis de seguridad durante 2022, en Norte de Santander, elaborado por el Observatorio de Asuntos de Género.
Que esto acontezca debe convocar a una revisión sobre lo que está haciendo la administración de justicia en sus diferentes escalones frente a los ataques físicos y sexuales, el sometimiento económico, el acoso sicológico y otras formas de violencia contra la mujer.
Y ya no es mera percepción de que ni a la Policía ni a la Fiscalía ni ante los jueces y tribunales ellas acuden a denunciar o demandar, como lo comprueba el análisis de los datos efectuado por parte del Observatorio.
Resulta que cifras del Instituto Departamental de Salud señalan 3.822 casos de violencias basadas en género, el año pasado, mientras que en la Fiscalía General de la Nación solamente se reportaron 1.248 hechos de esta naturaleza en la región.
O sea que las afectadas por estas acciones en su contra van en búsqueda de atención médico-asistencial para curar sus heridas físicas, pero no todas en la misma cantidad acuden ante la institucionalidad para buscar la judicialización y condena de quienes las agreden.
Lo peor es que los atacantes notan que la impunidad es la mejor protección que ellos tienen, porque como una buena cantidad de sus víctimas se abstienen de señalarlos, pues andan a sus anchas cometiendo violencia física, tal que alcanzó los 1.616 hechos el año pasado, 814 de violencia sexual y 124 de violencia psicológica, de acuerdo con los datos manejado por el IDS y que sirvieron de base para el estudio.
Para tener una mejor visión de lo que sucede en este asunto, se advierte que en los mismos doce meses ante la
Fiscalía solamente se denunciaron 368 actos de violencia sexual y 880 de violencia intrafamiliar.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las personerías y el Bienestar Familiar deberían tomar en serio las consideraciones y cifras expuestas y convocar a una reunión a los organismos de justicia y a la misma Policía para darle un giro urgente a lo que está sucediendo, porque violadores y atacantes de mujeres siguen sueltos porque muchas de sus víctimas no creen en el aparato de justicia.
Y para la agenda de ese análisis interinstitucional se encuentran las siguientes consideraciones recogidas en el análisis. Muchas de las afectadas no acceden a los servicios de justicia, porque “hay unos índices de impunidad y una total desconfianza con las entidades, pues nos han dicho que no se realizan las investigaciones de manera integral o completas, revictimizan a las víctimas y entonces ellas prefieren acceder a los servicios de salud que a las instancias judiciales”.
La recuperación de la confianza es algo fundamental para romper el hielo y hacerles ver, con hechos (sentencias y condenas a quienes las agreden) y un cambio de actitud en algo que ha hecho carrera, como es la revictimización que, en últimas, se convierte en una barrera para facilitar la lucha contra delitos que afectan a las mujeres y que de paso golpean a las familias y la sociedad.
Revisar lo que está ocurriendo, consolidar un mecanismo que reúna las estadísticas y que la ruta de atención de la violencia de género logre hacer que se superen el temor, el miedo y el resquemor a denunciar es algo fundamental que debe de ir acompañado por los necesarios cambios para que se corrijan las fallas expuestas en la justicia.
Norte de Santander requiere que sean formuladas rutas de carácter local en los 40 municipios, precisó el Observatorio de Violencia de Género
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