Wilmer Carrillo afronta varios procesos en el alto tribunal. /
Por tercera vez en lo que va corrido del año, la Corte Suprema de Justicia pone la lupa sobre el representante a la Cámara por el Partido de la U, Wilmer Carrillo Mendoza.
En esta oportunidad, el alto tribunal resolvió acusar al dirigente nortesantandereano por un presunto peculado a favor de terceros, cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura del departamento.
Al congresista y actual presidente de la Comisión de Investigación y Acusación lo investigan por las supuestas irregularidades en que habría incurrido en la ejecución y cumplimiento de un contrato de obra. Según informó el alto tribunal, Carrillo Mendoza ordenó la liquidación de dicho contrato y el pago de $258 millones, pese a los problemas que presentaba.
Comenzando febrero, la Corte dejó en firme una resolución de acusación proferida en diciembre de 2022 contra el congresista nortesantandereano, por las presuntas irregularidades en un contrato de obra pública de 2010, cuando también se desempeñaba como secretario de Infraestructura, durante la primera administración de William Villamizar Laguado (2008-2011), y por esa razón deberá ir a juicio.
En ese caso, a Carrillo Mendoza lo acusan de haber incurrido, aparentemente, en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Entre tanto, el pasado 23 de enero, la Corte anunció la apertura de otra investigación contra el representante de la U, con el fin de determinar si el político incurrió en un presunto tráfico de influencias, interés indebido en contratos y peculado, “en proceso por supuestas irregularidades en contratos de hospital de Norte de Santander, entre 2016-2017”.
Aunque la corporación no entregó mayores detalles sobre ese nuevo llamado a indagatoria, es ampliamente conocido que desde 2018 la Fiscalía General de la Nación le pidió al alto tribunal investigar al congresista por posibles casos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.
Los hechos guardan relación con las investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos de la ESE Hospital de Ábrego, así como el contrato para el desarrollo de la obra civil No. 053 entre los años 2016 y 2017.
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