Presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti.
Colombia se quedó sin embajador en Venezuela ante la renuncia de Armando Benedetti quien se vio envuelto en un escándalo de escuchas ilegales, conspiración y chantaje.
El excongresista, quien asumió en agosto de 2022, salió en medio de la controversia por el caso de la jefa de gabinete Laura Sarabia, señalada de someter a una exempleada al polígrafo por un robo y a quien luego chuzaron sus comunicaciones. Sarabia también se fue del cargo.
En un giro del destino, la persona más cercana al presidente Gustavo Petro pasó de ser considerada la mujer más poderosa de la Casa de Nariño a ser una “ex” más de este Gobierno. El mandatario confirmó este viernes que ella y el embajador ante Venezuela, Armando Benedetti, “se retiran del Gobierno” luego de una semana en la que los señalamientos de traición, chantaje y amenaza entre ellos desencadenaran un cataclismo político que hasta terminó en interceptaciones ilegales.
La salida de los dos funcionarios –que en el pasado, cuando Benedetti era senador, fueron uña y mugre– se gestó a las 10 de la noche del jueves, luego de un día en el que el presidente no dio muchas señales de vida en su plataforma favorita (Twitter). Según contó Daniel Coronell, Petro se reunió con ambos en la casa de un funcionario de Presidencia, ubicada en los cerros de Bogotá. Laura se descompuso, Benedetti gritó y en los primeros minutos del viernes les dijo que se irían de su equipo.
Once horas antes, sin embargo, el mandatario había dado una instrucción por la plataforma de mensajería Line al ahora exdiplomático: “por hoy es silencio de ambos. Ya vwremos (sic) como se solucionan las cosas”. Benedetti contestó “OK! Mi presidente! (sic)”. Pero minutos después le expresó una molestia con Laura: “Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura!... (sic) Y yo estoy callado”.
Un intercambio de mensajes que tuvo su desenlace en aquella casa, en donde –dijo Coronell– hubo pelea, lágrimas, palabras, gritos e insultos, ante los cuales no hubo más remedio para Petro que decirles a su “funcionaria querida y estimada” y a su embajador en Venezuela (con quien restableció las relaciones diplomáticas con ese país) que hasta este 2 de junio harían parte del “Gobierno del cambio”.
De un robo a unas chuzadas
Este hecho representa para Petro el primer gran escándalo al interior de su Gobierno, que subió como palma y cayó con dos cocos preciados para él. El robo de una maleta con plata en efectivo –cuya cifra no es clara, pero según Sarabia es inferior a 7.000 dólares– en la casa de Laura y el señalamiento de ella a su niñera, Marelbys Meza Buelvas, fue el inicio del caso bautizado mediáticamente, en un derroche de creatividad, como el “niñeragate”.
Ya después vino lo demás: Meza fue señalada por Sarabia de haberse robado la plata, por lo cual la sometió –con su consentimiento firmado– a una prueba de polígrafo en un edificio de la Presidencia, argumentando cuestiones de seguridad nacional por el cargo que Laura ostentaba. Pero, según el fiscal Francisco Barbosa, ninguna de las preguntas tenían que ver con la seguridad del Estado.
El asunto siguió creciendo y, además de usar recursos del Estado para un asunto personal, la Fiscalía confirmó que hombres de la Dijín interceptaron el teléfono de Meza por 10 días. Para perfumar de legalidad esa acción, los uniformados incluyeron a la exniñera y a otra trabajadora doméstica, Fabiola Perea, en un listado que las vinculaba con el Clan del Golfo. “La Cocinera” y “La Madrina” eran sus falsos alias.
Ante esto, Barbosa espetó que “las chuzadas ilegales han retornado a Colombia” –aunque nunca se fueron y desde Uribe hasta Duque han sido una realidad– y explicó que con esa vinculación ficticia, los uniformados lograron que un fiscal que se encontraba realizando una investigación para dar con el paradero de alias “Siopas”, fallecido capo de ese grupo ilegal, las incluyera en la lista de abonados celulares a interceptar.
Por cuenta de esa presunta injerencia de integrantes de la Policía en este caso, la Fiscalía citó a interrogatorio a tres patrulleros y un intendente, quienes eran analistas de comunicaciones e investigadores de esa institución al momento de las chuzadas.
El ente acusador también compulsó copias del caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la entidad, con lo que Sarabia pasó de ser la hermética joven que logró sentarse en el asiento más cercano al presidente en la Casa de Nariño a una exfucionaria investigada por un posible mal uso de los recursos públicos.
La escándalo tocó las fibras de la historia política de Petro porque él mismo en 2010 denunció al exdirector del DAS, Felipe Muñoz, por las chuzadas telefónicas. Es más, su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ahora debe ir a rendir cuentas al Congreso por las interceptaciones del caso Sarabia, fue chuzado cuando era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Mejor dicho: los suyos pasaron de ser los denunciantes a los denunciados por violar las comunicaciones privadas de las personas.
El viernes, durante su intervención en la ceremonia de ascenso de Oficiales de la Armada, el presidente fue tajante al afirmar que “este Gobierno respeta los Derechos Humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, jueces, periodistas y opositores”, a quienes cuidarlos “es un deber de la fuerza pública”.
Hechos que llegan en un momento en el que las papas queman por cuenta de los resultados de la encuesta Colombia Opina, de Invamer, que ubica la desfavorabilidad de Petro en un 59,4 % (ver nota siguiente).
¿Y ahora qué sigue?
Sarabia pasó de ser la joven de 29 años y sin experiencia política que se sentaba al lado del presidente a engrosar la lista de la decena de altos funcionarios que se fueron de la Casa de Nariño en apenas 10 meses de Gobierno. Ella se despidió con un mensaje a Petro en el que le agradeció “su respaldo siempre, su lealtad y su voto de confianza cada día”, en un mensaje que compartió en Twitter.
Por su parte, Benedetti escribió en una carta dirigida al mandatario que fue “un gran honor acompañarte en estos meses de gobierno como Embajador ante Venezuela”, y que esperaba “que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa”.
Con estas salidas, son tres las fichas clave que Petro pierde en menos de un mes, después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Roy Barreras como senador del Pacto Histórico. Tanto Benedetti como Barreras apoyaron la administración de Juan Manuel Santos y fueron determinantes para el aterrizaje de políticos tradicionales al proyecto del cambio.
“Para Petro son personas valiosas y de confianza, así que perderlas golpea al círculo íntimo y de confianza con las que él se podía sentir tranquilo en la toma de decisiones”, dijo al respecto la directora de posgrados en ciencia política de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz.
Y si bien este no es el primer escándalo que tiene que atajar el presidente –como el de su hijo Nicolás Petro con la financiación de exnarcos a la campaña presidencial o el de su hermano Juan Fernando con la “paz total” de los extraditables–, sí es el primero que explota al interior de su Gobierno.
El agua sucia se le entró a la casa y tuvo que tomar decisiones “para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el mandatario.
Para Muñoz, esto representa un “mensaje claro de que en el Gobierno no se van a permitir situaciones de este tipo que revivan viejas y nocivas prácticas que fueron cuestionadas en su momento por quienes hoy ocupan el poder”.
Cruce de versiones con la Policía
Hay cuatro integrantes de la Policía investigados por las chuzadas de Sarabia, pero desde la dirección general de esa institución niegan estar implicados en el tema. La versión de la Policía es que solo conocieron acerca de las interceptaciones hasta el miércoles 31 de mayo, cuando desde la Dijin le notificaron a la Dirección General que un analista de esa dirección debía rendir declaración juramentada ante la Fiscalía.
El accionar de ese uniformado responde al mismo patrón que tuvieron las interceptaciones ilegales en Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe: “se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijin”. Esos dos números son, justamente, los de los falsos alias de “La Madrina” y “La Cocinera”.
Las redes de estas chuzadas se extendieron tanto que alcanzaron al general (r) Humberto Guatibonza, quien fue condenado por las interceptaciones de antaño y resultó mencionado en este escándalo. El periodista Coronel aseguró que Sarabia lo habría buscado para pedirle asesoría para finiquitar las interceptaciones.
Para esclarecer ese tema, el ministro Velásquez se reunió con el director de la Policía, general William Salamanca. A Velásquez le espera una larga comparecencia en el Congreso la próxima semana para rendir cuentas de este caso en una citación a debate de control político que hizo el representante a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático), que desvía la agenda legislativa cuando la prioridad para el mandatario es aprobar sus reformas sociales.
Pero también hay otra cita que atañe a Petro la próxima semana: el miércoles 7 serán las marchas para respaldar el Gobierno a las que él mismo se sumó, pero que caen en uno de sus peores momentos en la Casa de Nariño.
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