Organizaciones sociales marchan frente a la sede de la ONU en Bogotá para declarar la Emergencia Humanitaria por asesinatos de líderes y lideresas sociales./
A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia alertó hoy sobre la “grave” situación de seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex combatientes, en el segundo informe trimestral del año que se presentará al Consejo de Seguridad el próximo 12 de julio.
“La grave situación de la seguridad que enfrentan los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en varias regiones no ha cambiado”, resaltó el reporte, que dio cuenta de 57 denuncias de asesinatos, de las que verificó 13, descartó por no concluyentes 16 y mantiene en proceso de verificación otras 28.
“Se reportaron asesinatos en casi la mitad de los 32 departamentos de Colombia, y el mayor número de asesinatos se registró en el Cauca”, afirmó la ONU.
Durante el periodo analizado, 12 excombatientes (todos hombres) fueron asesinados en ocho departamentos, con lo que ya son 375 las víctimas desde la firma del acuerdo de paz hace seis años, a los que se suman 129 tentativas de homicidio (10 mujeres) y 32 casos de excombatientes dados por desaparecidos (todos hombres).
“Es innegable que la firma del Acuerdo Final condujo a reducciones palpables de la violencia relacionada con el conflicto al inicio de la implementación. Sin embargo, en los últimos años las regiones afectadas por el conflicto han visto aumentar la presencia y las acciones de actores armados ilegales en un contexto de presencia del Estado aún limitada”, precisó el informe.
En este sentido, señaló de la urgencia del nombramiento de un alto funcionario dentro de la Presidencia para liderar la implementación del acuerdo que “sin duda, ayudaría a acelerar” su puesta en funcionamiento.
Comunidades necesitan atención
En su reporte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció que la violencia continúa afectando a comunidades indígenas y afrocolombianas, por lo que instó al Gobierno a priorizar a estos grupos en términos de reparación colectiva, restitución de tierras y retorno a sus territorios.
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