El impuesto predial que nutre las arcas de los municipios y es uno de los principales generadores de recursos propios, sigue siendo un codiciado botín de los corruptos que no son solamente los funcionarios o los intermediarios sino también los dueños de predios que buscan evadir o pagar irrisorias sumas mediante acciones truculentas.
Los beneficiados son unos pocos, entre ellos los que reciben los sobornos para manipular bases de datos como la de los avalúos y las liquidaciones, al igual que los propietarios de los bienes inmuebles beneficiados, mientras los perjudicados resultan siendo todos los habitantes del municipio respectivo, porque se dejan de percibir recursos para las obras públicas.
Acaba de confirmarlo la Contraloría de Norte de Santander que al profundizar en lo que estaba sucediendo en
Villa del Rosario puso al descubierto que dejaron de ingresar unos $20.000 millones al municipio histórico por las operaciones fraudulentas con ese tributo, aunque el cálculo del alcalde sitúa ese monto en los $47.000 millones.
Cúcuta tampoco ha escapado a esta clase de operaciones, ente las que se encuentra el famoso jaqueo a la plataforma de la sección de Rentas e Impuestos Municipales de la Secretaría de Hacienda, generándose paz y salvos que sumaron los $900 millones entre septiembre y noviembre del año pasado.
Esos hechos ratifican que la corrupción ha hecho metástasis y que su lucha tiene que desarrollarse con todas las herramientas legales a la mano, pero también con mayores protecciones de carácter tecnológico e informático puesto que lo que está en juego es uno de los mayores dispensadores de recursos para municipios como los nuestros donde las necesidades desbordan las capacidades presupuestales y, por tal razón, es inaudito que las organizaciones defraudadoras sigan haciendo de las suyas.
A los alcaldes y concejales se les escucha en sus respectivos escenarios de la democracia local invitando a la ciudadanía a cumplir con su deber de tributar -pagando a tiempo o poniéndose al día- el predial e industria y comercio, para poder garantizar la ejecución de los proyectos previstos.
Ahora esperamos que pase algo y que se tomen correctivos necesarios luego de la notificación que acaba de hacer el organismo de control fiscal departamental sobre la gravedad de lo acontecido en Villa del Rosario: “Trajimos una información y la cotejamos con la que maneja el Agustín Codazzi. Nosotros les solicitamos a ellos los avalúos oficiales y los comparamos con las liquidaciones que tenía la Secretaría de Hacienda 2019, 2020, 2021, 2022 y logramos detectar que había un mal manejo en la liquidación de esos impuestos prediales; que en algunos casos se adulteraron avalúos, en otros hubo una mala aplicación de la ley de límites, lo que arrojó un faltante de $20.000 millones”.
Esto no puede quedarse en meros titulares de prensa y los comentarios en redes sociales. No. Es urgente que las secretarías de Hacienda sean ‘blindadas’ en el sentido de corregir y cerrarles las puertas a las operaciones corruptas y de aplicarles castigos severos a aquellos contribuyentes que sean finalmente vencidos en juicio por prestarse a estos juegos para debilitar el erario y también enviar a la cárcel a los empleados y miembros de las redes defraudadoras.
El mal de la corrupción hay que combatirlo sin cuartel y ojalá la Fiscalía y la Procuraduría empiecen de inmediato las investigaciones sobre este y otros casos para llevar a los estrados judiciales a los responsables y aplicarles fuertes sanciones penales y hasta de extinción de dominio porque este galopante problema es igual de grave al de la desbordada inseguridad.
Ahora esperamos que pase algo y que se tomen correctivos necesarios luego de la notificación que acaba de hacer el organismo de control fiscal departamental sobre la gravedad de lo acontecido en Villa del Rosario.
Editorial La Opinion
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