Frente al Búnker de la fiscalía, un grupo de mujeres hicieron un plantón para exigir celebridad en los casos de feminicidio./
El panorama es escalofriante: solo en 2022, 614 mujeres fueron asesinadas en casos de feminicidio en Colombia. Otras 47.771 sufrieron violencia intrafamiliar, lo que significa que en promedio cada hora hubo 3 víctimas en el país y 128 al día. Por otro lado, Medicina Legal reveló que cerca de 11.441 niños sufrieron de violencia en el primer semestre del 2023. La entidad precisa que el abuso sexual registra más casos (6007), seguido de la violencia intrafamiliar (1844).
Esta realidad tiene, además, una característica terrible: tiene efecto expansivo, como el de una granada, porque además de dejar una cruel estela de víctimas, la gruesa cantidad de hechos violentos termina por impactar el sistema jurídico nacional y lo pone a tambalearse y al borde del infarto por colapso. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, al menos el 20 % de los casos que llegan a manos de los jueces se rezaga, mientras entre el 39 % y el 59 % de los casos que llevan los magistrados de las altas cortes son procesos viejos que no han tenido respuesta, dejando a los afectados sin una resolución jurídica y generando impunidad que termina por ser una revictimización más.
Pero el Estado colombiano tiene una suerte de as bajo la manga para enfrentar esta situación y proteger a las víctimas. Se trata de las Comisarías de Familia, entidades que se presentan como una alternativa eficaz y oportuna para la atención y solución de los problemas familiares y comunitarios y que tienen como función principal prevenir, proteger y garantizar los derechos de los miembros de la familia, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.
En virtud de la Ley 2126 del 2021, las Comisarías de Familia en Colombia desempeñan un papel fundamental en el aparato nacional de justicia al prestar servicios con parámetros
y principios que aseguran la protección y garantía de los derechos de aquellos en situación de riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar. Estas instituciones tienen el deber de actuar de manera inmediata, basándose en los estándares constitucionales e internacionales que promueven una protección efectiva de los derechos humanos de las personas usuarias de sus servicios.
Todas ofrecen servicios gratuitos de orientación, mediación, conciliación, restablecimiento de derechos, medidas de protección, sanciones administrativas y remisión a otras instituciones competentes. Estos servicios permiten abordar y resolver conflictos relacionados con el maltrato intrafamiliar, la violencia de género, el abuso sexual, la inasistencia alimentaria, la custodia y el régimen de visitas de los hijos, entre otros.
“Uno de los objetivos de las Comisarías de Familia en Colombia es facilitar procesos y no revictimizar a las personas que sufren violencia dentro de su hogar”, explica Luis Fernando Lozano Pretelt, comisario de familia de Montería.
Dijo que en muchos casos, las personas que sufren violencia doméstica también requieren resolver cuestiones como la fijación de alimentos, la reglamentación de visitas y la determinación provisional de la custodia de los hijos. Eso las obliga a ir a distintos despachos en donde deben volver a narrar sus vivencias traumáticas. Sin embargo, las Comisarías de Familia tienen la autoridad para abordar estas situaciones y tomar decisiones provisionales al respecto.
Una de las herramientas más útiles y efectivas con las que fueron dotadas las comisarías con su actualización de funciones en 2021 con la Ley 2126 es la de la agilidad administrativa, que le permite emitir medidas y dictar órdenes en tiempos cortos, algo que busca, sobre todo, proteger a los violentados.
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