Campaña Petro se enreda aún más por presunta financiación irregular: este es el dosier de cuestionamientos

La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación por la presunta financiación irregular de la campaña del hoy Presidente de la República. El nombre de Euclides Torres y otros financiadores vuelve a aparecer de entre las sombras.

Previo al inicio de la campaña presidencial el 29 de octubre de 2022, desde septiembre de 2021 Petro lidero al menos 14 miultitudinarios eventos en diferente spartes delpais. Foto Twiter Gustavo Petro

El fantasma de Euclides Torres se hace cada vez más presente en la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como un rumor entre políticos de la Costa Atlántica se concretó en un hecho cuando Nicolás Petro Burgos admitió en agosto pasado que su padre “sabía perfectamente” que el megacontratista “era quien financiaba” su campaña.

Ahora, pese a los reparos y el descontento del mandatario, el asunto va en que la Fiscalía compulsó copias para que el caso sea formalmente investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara, lo que enreda más las cuentas y la procedencia de los millonarios recursos que le sirvieron a Petro para hacer campaña.

La piedra angular del caso es el empresario Euclides Torres, quien logró edificar un verdadero emporio con tentáculos económicos y políticos a través de la prestación del servicio de alumbrado público en la Costa. Inclusive, ahora una investigación del portal La Silla Vacía, lo señala de estar detrás del jugoso negocio de los trámites de tránsito en todo el país, al punto de controlar tarifas y hacerle el quite a la libre competencia.

Hoy por hoy, Torres –quien permanece en el anonimato y sigue guardando silencio frente al escándalo– se jacta de tener congresistas propios, como Pedro Flórez en el Pacto Histórico, o su hermano Dolcey Torres en el Partido Liberal, así como funcionarios de su entraña, como el superintendente de Salud Ulahy Beltrán López.

El megacontratista, que también ha coqueteado con otros gobiernos, aterrizó al petrismo de la mano de un otrora incondicional de Petro: Armando Benedetti, quien salió del Gobierno luego de que se filtraron controvertidos audios en los que hablaba del presunto ingreso bajo cuerda de $15.000 millones en la Costa. Según Nicolás Petro, el exembajador “siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata la conseguía a través de Euclides”.

El propio Benedetti admitió en medio del proceso que lleva en su contra la Corte Suprema de Justicia que tenía “una relación fraternal con él”, al punto que le prestó $3.600 millones para una lujosa vivienda en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). Se trata justamente del fortín del clan político que lidera Euclides Torres.

Los enredos en las cuentas

Según reportó la campaña de Gustavo Petro al portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante la primera vuelta hubo gastos por $28.384 millones, apenas $152 millones por debajo del monto máximo permitido. Por otro lado, en segunda vuelta los gastos ascendieron a $13.199 millones, es decir $148 millones por debajo del límite estipulado. Además, donaciones por solo $32 millones.

Lo cierto es que lo estrecho de los márgenes ha acrecentado las dudas sobre la financiación del hoy jefe de Estado y, en particular, el papel que tras bambalinas jugó Torres. Petro, en respuesta a la compulsa de copias a la Comisión de Acusación –así como a la Corte Suprema de Justicia y el CNE–, admitió este martes que, “al parecer”, el megacontratista sí pagó por eventos a su favor, puntualmente la célebre tarima en forma de “P” en septiembre de 2021 en Barranquilla.

Sin embargo, el jefe de Estado –quien dijo haber visto a Torres “dos o tres veces” y que ayudó en la precampaña, pero “no con dinero”–, defendió que el evento no fue reportado porque se hizo cinco meses antes de arrancar formalmente su campaña presidencial: el 29 de enero de 2022, según el calendario electoral. Por ello, minimizó el asunto al considerarlo una mera reunión política.

“El fiscal general (Francisco Barbosa) compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”, explicó Petro, quien cuestionó la legalidad del interrogatorio al que fue sometido su hijo, advirtiendo que se hicieron preguntas sobre él, pese a ser un aforado. “Es un verdadero golpe contra la Constitución”, agregó.

En esa línea, se conoció también que la defensa de Nicolás Petro le exigió a la Fiscalía “revelar quién filtro de manera ilegal y deshonesta el interrogatorio. No vamos a permitir que la Fiscalía continúe violentado mis garantías procesales”. El abogado Iván Cancino coincidió e indicó que “el fiscal del caso no podía indagar sobre el presidente y tampoco filtrar o permitir que se hiciera”.

Contrario a la interpretación del mandatario, para abogados y expertos en asuntos electorales con su declaración sobre la “P”, Gustavo Petro estaría aceptando que hizo propaganda electoral de manera anticipada, teniendo en cuenta que la ley solo lo autoriza hasta 3 meses antes de las elecciones. De acuerdo con Alfonso Portela, consultor electoral y exregistrador delegado, la propia doctrina del CNE indica que las campañas de expectativa de los candidatos deben tenerse en cuenta en los gastos de campaña.

“Cuando se hacen este tipo de eventos de expectativa se consideran como actos de campaña que deben ser registrados. Hay que valorar con qué intención se hicieron y el contenido del mismo”, aseguró Portela en diálogo con este diario.

Justamente, una revisión hecha por EL COLOMBIANO da cuenta de al menos 14 actos –previo al inicio formal de la campaña–, en los que participó Petro a lo largo del país con plazas llenas y una sofisticada logística (ver listado al final). “Que cada voto que ustedes me quieran otorgar vaya también a las listas del Congreso del Pacto Histórico”, aseguró Petro en noviembre de 2021. Luego, el 17 de enero de 2022 –a 12 días antes del inicio formal de la campaña–, fue más allá y desde Villavicencio manifestó lo que se volvería uno de sus lemas: “Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente”.

El proceso ante la Comisión

Este martes se conoció que Nicolás Petro acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir protección contra lo que consideró “abuso de poder” por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa al momento de su detención en agosto, cuando rindió su explosivo interrogatorio y prendió el ventilador. Previamente, aseguró: “Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Lo cierto es que en sus declaraciones Petro Burgos declaró que a la campaña de su padre, además de recursos de Euclides Torres, llegaron dineros no reportados del empresario barranquillero Christian Daes; $200 millones de Gabriel Hilsaca, hijo de ‘el Turco’ Hilsaca, y Óscar Camacho, empresario de Cúcuta.

A ello se suman, como ha quedado al descubierto con investigaciones periodísticas, supuestos apoyos y recursos por parte de Santander Lopesierra, el “Hombre Marlboro”, y del capturado narcotraficante de Casanare Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo.

Por estos hechos, actualmente a la Comisión de Acusación han llegado al menos cinco denuncias relacionadas con presunta financiación irregular de Petro, que se surten en paralelo a los procesos contra su campaña en el CNE y contra algunos aforados en la Comisión de Acusación, a donde en la noche de este martes llegó la compulsa de copias.

El presidente de la Comisión, Wadith Manzur (Partido Conservador) reveló que a esa célula legislativa también llegó la compulsa y explicó que no se descarta que los procesos se acumulen en un único caso o se abra un nuevo radicado a la luz de las pruebas. “Resulta oportuno indicar que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso cuando estos sean conexos”, aclaró.

Por tratarse de un organismo conformado por congresistas hay dudas por su independencia a la hora de iniciar o no un juicio político contra el presidente Gustavo Petro. En esa célula legislativa, de 18 integrantes, apenas 3 son del Pacto Histórico y 2 de la Alianza Verde. Los independientes suman 8 votos y la oposición 3 votos (ver infografía al final).

Adicionalmente, las miradas están puestas sobre los tres congresistas encargados de la indagación preliminar que se adelanta contra Petro por el supuesto ingreso de $1.000 millones del Hombre Marlboro y “el Turco” Hilsaca a través de Nicolás Petro. Se trata de los representantes Alirio Uribe (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).

De izquierda a derecha: Alirio Uribe (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).

Frente a Velásquez, la senadora de oposición María Fernanda Cabal (Centro Democrático) cuestionó que su esposo, Ovidio Claros, haya llegado a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de Petro. “¿Coincidencia?”, dijo, dejando un manto de duda sobre su imparcialidad. Este diario buscó una respuesta por parte de Velásquez, pero al cierre de esta edición no hubo pronunciamiento.

Dada su pertenencia al Pacto Histórico el representante Uribe también ha quedado bajo escrutinio y fue recusado. Sin embargo, el presidente de la Comisión le dijo a EL COLOMBIANO que no ha sido necesario resolver la gran mayoría de las recusaciones ya que no proceden. “Las recusaciones deben ser presentadas por sujetos activos del proceso y hasta el momento las que han llegado son de personas que no tienen nada que ver”, declaró.

Por petición de la propia defensa del presidente Petro fue llamado a declarar en la Comisión Nicolás Petro Burgos, quien deberá explicar el presunto ingreso irregular de recursos y las donaciones. Por otro lado, se tiene previsto que la Fiscalía presente ante un juez el próximo 20 de noviembre el escrito de acusación en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Finalmente, la Procuraduría anunció que, a nivel disciplinario, los próximos 17 y 18 de octubre citará a tres personas a declarar por el incremento patrimonial del exdiputado. ¿Qué proceso logrará esclarecer las dudas?