Proceso de modernización en curso aumentará el personal a 352 empleados, lo que generará costos por $722 millones mensuales. Empleados y veeduría tienen dudas.
El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Juan David Palacio, podrá decidir sobre los cambios en su estructura organizacional
El aumento del personal dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), así como los cambios en su estructura organizacional, han despertado algunas inquietudes en sectores sociales y entre sus funcionarios.
Según la entidad, las modificaciones en su interior fueron justificadas por el estudio técnico de rediseño institucional contratado con la Universidad de Antioquia entre agosto de 2022 y febrero de 2023.
Entre las conclusiones del informe de 202 páginas figura que la estructura interna del Amva debe pasar de ocho a siete subdirecciones –pues se suprime la de Cooperación y Convenios, dado que técnicamente no cumple los criterios–; se pasa de 11 a 16 dependencias, ya que se propone crear tres direcciones técnicas (Control y Vigilancia, Jurídica Administrativa y Planeación Institucional), además de tres direcciones administrativas (Jurídica Administrativa, Contratación y Bienes y Servicios). También se proponen nueve equipos de trabajo más, pasando de 18 a 27.
Según el documento, los cambios harán que el Amva pase de 224 a 352 funcionarios. “Una planta que se considera moderada, en el sentido que es la mínima requerida para el cumplimiento de la misión, las funciones y los objetivos del proceso de planeación”, se lee en el informe.
La nueva planta incluiría 5 directivos, 105 profesionales, 16 técnicos y tres asistentes que generarán un aumento en la nómina de la entidad por más de $722 millones mensuales. También se suprime un cargo de asesor de la Secretaría General que estaba devengado $18 millones mensuales.
Pese al aumento de la planta de trabajadores del Amva, que según indagó este diario para este año sería de solo 25 funcionarios, algunos de los mismos empleados han expresado sus reticencias. Así se lo hicieron saber a EL COLOMBIANO algunos de los 110 funcionarios en provisionalidad.
Según estos, a la dirección del Área habrían enviado cerca de 80 derechos de petición solicitando información sobre las razones para disminuir la experiencia en algunos cargos y la identidad en las funciones que se les entregan a los servidores, siendo por ejemplo las mismas para un abogado que para un biólogo. También manifiestan su incertidumbre sobre las escalas salariales.
En sus derechos de petición plantean la aparente falta de claridad sobre cómo se vincularán a las personas que ya están dentro del ordenamiento actual del Área –en especial como funcionarios de libre nombramiento y remoción– si ni siquiera tienen claridad del nuevo manual de funciones.
Un grupo adicional acusó que hay opacidad en el proceso de reestructuración, pues la comunicación sobre el cambio que se pretende hacer apenas fue enviado por correo el 13 de junio a las 5:21 p.m. y les dieron 24 horas para hacer observaciones al mismo.
A estas preocupaciones se sumaron las de la veeduría Todos por Medellín. “Nos preocupa que en pleno año electoral y a pocos meses de culminar el gobierno se dé esta reestructuración en el Área porque esta podría implicar que el Amva pierda foco en su misión y termine debilitándose. Nos genera desconfianza la premura para llevar a cabo la reestructuración justo antes de la Ley de Garantías”, indicó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría.
Además, el mismo informe de la U. de A señala que con el incremento de los cargos habrá un aumento de los gastos de funcionamiento, lo que generará un faltante presupuestal para el 2023 de $25.686 millones; para el 2024 de $57.855 millones; y en el 2025 de $51.524 millones, un hueco que seguirá creciendo año a año sino se atiende con más recursos.
Estudio alerta del aumento del costo de nómina.
Frente a estas preocupaciones, el Área respondió que la reestructuración fue motivada por la normativa que le obliga a modernizarse cada cierto tiempo, tal como pasó en 2013 y 2016. La entidad señaló que el estudio también lo motiva sus crecientes competencias y funciones, tales como la gestión catastral del Aburrá, la atención de mayores requerimientos ciudadanos, e incluso la incorporación de Envigado, el municipio que ingresó reciente al Área. Por ello su personal actual es insuficiente.
Frente al tema de la información, el Área dijo que para este estudio se hicieron 52 reuniones con los empleados entre septiembre y noviembre de 2022, mientras que las conclusiones del informe se dieron a conocer a los empleados el 9 de febrero y contaron con la participación del sindicato Sintrambiente que tiene injerencia en el Amva.
El sindicato avaló su participación en las discusiones, aún así para Sintrambiente a la dirección del Amva le ha faltado darle mayor claridad a ciertos temas como las conclusiones que arrojó el estudio sobre carga laboral. “Los cambios generan conflictos y por eso hay que ser muy claros en la información, porque sino, la gente absorbe solo dudas. Acá llega mucha gente preguntando que cargos se van a suprimir, pero cuando miramos vemos que no hay tal supresión”, añadió un vocero de Sintrambiente.
Además, el sindicato indicó que el hecho de que un perfil no esté directamente relacionado con un cargo entre las personas que lo están ocupando será un problema que va a traer repercusiones si este es provisional y si en el futuro sale a concurso ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Pese a las dudas, tanto la reorganización como el aumento de la planta fueron discutidos y aprobados por la Junta Metropolitana de alcaldes el pasado 9 de junio por 12 de 13 votos posibles, lo que deja en firme el proceso.
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