La Corte Constitucional ya dejó sin piso jurídico la mitad de las medidas excepcionales del Gobierno para esta región.
En una decisión esperada desde comienzos de este mes, la Corte Constitucional declaró ayer la inexequibilidad de cinco de los 11 decretos emitidos por el gobierno del presidente Petro en el marco del 'Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira'.
Entre los más importantes se encuentra el Decreto 1270 de 2023, frente al que la Sala Plena del tribunal, liderada por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, resolvió anular, aunque con efectos retroactivos desde la fecha de emisión de la normativa.
El decreto, que se cae tras la decisión judicial, buscaba adoptar “medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”, tomando como referencia, entre otras cosas, el artículo 44 de la Constitución, que protege el derecho a la vida, integridad y salud de los menores de edad.
También establecía la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), en los cuales se iban a integrar “los saberes propios e interculturales, conforme con un enfoque de salud pública”, para garantizar una atención directa a las comunidades de este departamento.
Por otra parte, señalaba que el Ministerio de Salud y la Adres tenían la labor de establecer “el valor del financiamiento de los servicios de la estrategia de Atención Primaria” y de crear un “modelo de salud propio e intercultural”.
Entre tanto, dando un vistazo a los demás decretos caídos, se encuentran el de recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure y la asignación o modificación de obligaciones de hacer en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
También cayeron el de protección de la riqueza cultural del pueblo Wayúu y la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu, con lo cual queda en el limbo la promesa del presidente, Gustavo Petro, de que las comunidades de esta parte del país tendrían su propia universidad, con enfoque étnico.
Después de esto, la pregunta se centra en qué pasará con los otros seis decretos que siguen vigentes. Frente a esto, la Corte advirtió que tiene hasta la segunda semana de noviembre para pronunciarse al respecto.
Cabe recordar que a principios de este mes, la Corte Constitucional declaró que tras revisar el decreto 1085 de 2023, concluyó que este no se ajustaba a la Carta del 91 y anuló los efectos administrativos que se instalaron por parte de Casa de Nariño, a través de varios ministerios. Sin embargo, el alto tribunal difirió los efectos de su decisión a un año en temas de agua, a partir de la expedición del decreto (2 de julio de 2023) debido a la “amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, dijo la Corte mediante un comunicado.
Esto quiere decir que aunque el decreto es inexequible, no se caerá de inmediato en los temas que tienen que ver con agua, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024. Para temas de energía y otros aspectos no surtirá este efecto.
En el fallo del 3 de octubre, la Corte resaltó que este tipo de decisiones deben tomarse luego de un proceso de consenso entre el ejecutivo y el legislativo. Es decir, que no se puede pasar por alto las funciones del Congreso de la República.
Luego de esto, tanto el Gobierno deberá presentar los decretos caídos como proyectos de ley, para concertar con el Senado y la Cámara la atención que recibirá La Guajira.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO. Periodista Portafolio
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