"La Sala de Instrucción Disciplinaria sostuvo que, según informaron los medios de comunicación, los servidores posiblemente fueron mencionados en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que se reveló que se destinarían $6.000 millones para financiar campañas”, explicó el Ministerio Público.
De esta manera, el organismo de control dejó claro que sería el encargado de investigar cualquier presunta conducta irregular que haya llevado a que el senador y el alcalde de Bogotá sean objeto de medidas disciplinarias.
La acción disciplinaria de la entidad, en palabras de la Procuraduría General de la República, “busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria y definir si actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”.
Según estos documentos, el alcalde López y otros
funcionarios de la alcaldía de Bogotá habrían aceptado varios sobornos a cambio
de entregar contratos a un consorcio chino. El medio antes mencionado informó
que este dinero, que supuestamente fue entregado a las cuentas del presidente y
del partido por personas de ascendencia asiática, sería utilizado para apoyar
la campaña de Lozano para su reelección como senador en 2022.
En un comunicado tras la divulgación de esta
información, Metro de Bogotá y la alcaldía de Claudia López rechazaron la
denuncia.
La empresa Metro de Bogotá también dijo que hasta
el día de hoy, la acción o intervención del actual gobierno del alcalde, en
relación con el contrato de concesión adjudicado en 2019, ha sido puramente
monitorear y verificar el cumplimiento del mismo. López aseguró que la
publicación de Semana "sólo pretende difamar y sembrar un manto de duda
sobre mí, mi Alcaldía, mi partido, el Verde y el Metro de Bogotá".
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