La Procuraduría General de la Nación emitió una sanción de 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos a la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, por presuntas irregularidades en el suministro de material durante su periodo (2016-2019). A pesar de la sanción a la ex mandataria, tres secretarios municipales fueron absueltos de toda responsabilidad por violar el régimen de contratación.
Miriam del Socorro Prado Carrascal, ex alcaldesa de Ocaña fue sancionada con inhabilidad de 8 años para ejercer cargos públicos./ Foto cortesia
Tras una exhaustiva investigación de la Unidad Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, fue sancionada con 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La decisión se fundamenta en presuntas inconsistencias en el suministro de material durante su mandato entre 2016 y 2019.
La audiencia virtual, presidida por Jesualdo Villero Pallares, procurador delegado de Juzgamiento número 4, determinó que la ex mandataria era responsable disciplinariamente por violar el régimen de contratación. La sanción impuesta consiste en destitución e inhabilidad general por 8 años y 2 meses.
En contraste, tres secretarios municipales, Juan Pablo Bacca Manzano (Gobierno), Jorge Armando Navarro Rueda (Vías, Infraestructura y Vivienda), y Wilson Fernando Arenas Mejía (IMDER Ocaña), fueron absueltos de toda responsabilidad disciplinaria. La decisión se basa en el error de derecho de carácter invencible, considerado como causal de eximente de responsabilidad.
La génesis del proceso se remonta al año 2016, cuando se instauró una queja por presuntas irregularidades en la firma de contratos para el suministro de material con un aportante de la campaña electoral. Los secretarios, en su defensa, demostraron su inocencia, argumentando desconocimiento sobre la financiación que llevó a la ex alcaldesa al cargo.
A pesar de la absolución disciplinaria, el proceso penal continúa para los secretarios municipales, quienes esperan un fallo favorable en esa instancia. El veredicto de la Procuraduría ha dejado divididos los destinos de los implicados, marcando un capítulo más en la compleja trama de la política local.
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