La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia fue el resultado de un complejo proceso de negociación política entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, con el objetivo de poner fin a décadas de conflicto armado. A seis años de su establecimiento, la JEP ha suscitado preguntas cruciales sobre su efectividad en alcanzar los objetivos de verdad, justicia y reparación para las víctimas, así como sobre la viabilidad de su modelo de justicia restaurativa en comparación con la justicia retributiva.
El Seminario internacional "Una aproximación innovadora a la justicia transicional y la justicia restaurativa desde la experiencia de la JEP," celebrado la semana anterior y organizado por la Universidad de Yale y la JEP, proporcionó un espacio para la reflexión crítica sobre los resultados de la JEP. Académicos de universidades de Estados Unidos y Europa participaron en el análisis de este singular experimento de justicia transicional.
Las Farc desempeñaron un papel crucial en el diseño del Sistema Integral de Justicia Transicional, lo cual marcó un hito en las negociaciones colombianas. Esta participación política de las Farc influyó en la estructuración de la JEP, determinando aspectos clave como el tipo de sanciones, la participación en política durante el proceso penal y el papel en el esclarecimiento de la verdad. A pesar de los avances significativos logrados en seis años, los críticos han resistido reconocer la influencia política de las Farc en la configuración de la JEP.
En términos cuantitativos, la JEP ha procesado a 13.649 personas, predominantemente exguerrilleros, y ha acreditado a 338.611 víctimas en diez macro casos. Con 76.366 decisiones judiciales adoptadas, 605 amnistías concedidas y 3.360 no concedidas, la JEP ha sido fundamental en investigar, juzgar y sancionar crímenes graves ocurridos en el conflicto armado, garantizando los derechos de las víctimas.
La esencia de la JEP radica en su enfoque de justicia restaurativa, priorizando elementos como la centralidad de las víctimas, la persecución penal a máximos responsables y la concesión de tratamientos penales especiales. Este modelo busca superar las limitaciones del enfoque retributivista de la justicia y ofrece una lección de verdad histórica que la justicia criminal convencional a menudo no logra.
En el contexto colombiano, la aplicación de la justicia restaurativa se ha traducido en sanciones no privativas de libertad y tratamientos jurídicos no punitivos a cambio de contribuciones sustanciales a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Sin embargo, la eficacia de este modelo se cuestiona al enfrentar retos como la ausencia de reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes, lo que activa la justicia retributiva.
La experiencia de la JEP plantea la pregunta crucial sobre la replicabilidad de este modelo en otros procesos, como el que se adelanta con el ELN. La negociación con el ELN, un actor político, implica reconocer que el conflicto no ha concluido por victoria militar, sino que se busca una finalización a través de un acuerdo de paz. Así como sucedió con las Farc, el derecho penal deberá realizar concesiones para lograr un equilibrio político, lo que podría conducir a una segunda JEP adaptada a un nuevo proceso de justicia transicional.
En última instancia, el camino hacia la paz en Colombia sigue siendo un desafío complejo, donde la JEP y su enfoque innovador representan un hito significativo, pero también plantean interrogantes sobre la adaptabilidad de este modelo a otros contextos y actores armados.
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