La sentencia del Tribunal Constitucional establece de manera categórica: "Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad."
Este dictamen confirma y ratifica una decisión previa emitida por la misma corte en marzo de 2022, la cual, paradójicamente, fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de abril de ese mismo año. La CIDH instó al Estado peruano a no implementar la sentencia que propiciaba la liberación de Fujimori.
La sentencia del Tribunal Constitucional restituía los efectos de un indulto humanitario concedido a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la Justicia peruana anuló este indulto un año después, llevando al regreso de Fujimori a prisión.
Alberto Fujimori, quien ocupó la presidencia de Perú entre 1990 y 2000, enfrentó en 2009 una condena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves relacionadas con los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La hija del expresidente, Keiko Fujimori, quien también lidera el partido político Fuerza Popular, se pronunció en una conferencia de prensa el lunes 27 de noviembre. En sus declaraciones, Keiko afirmó que "esta resolución del Tribunal Constitucional es posterior a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto, ellos disponen que se acate y se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional del año pasado que ordena su libertad."
La decisión del Tribunal Constitucional genera debate y controversia en la sociedad peruana, ya que algunos consideran que se trata de un acto de justicia, mientras que otros expresan preocupación sobre las implicaciones de liberar a un expresidente condenado por graves violaciones a los derechos humanos.
0 Comentarios