Venezuela cierra oficina de DD.HH. de la ONU y expulsa su personal tras arresto de activista

En un giro abrupto, el gobierno de Venezuela ha anunciado la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Esta medida, instalada en 2019, viene acompañada de la expulsión del personal de la Oficina Técnica de Asesoría, que deberá abandonar el territorio venezolano en las próximas 72 horas.

El anuncio fue hecho por el canciller Yvan Gil en una conferencia de prensa, donde explicó que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro se produce en el contexto del arresto de la activista Rocío San Miguel por presuntos vínculos con actividades terroristas, incluido un plan de magnicidio.

El arresto de San Miguel ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estados Unidos y la Unión Europea expresando su inquietud al respecto.

El canciller Gil justificó la decisión del cierre de la oficina de la ONU, acusándola de desempeñar un papel parcial y de convertirse en un instrumento del grupo de "golpistas y terroristas" que, según él, conspiran constantemente contra el país. La medida, según Gil, busca poner fin a lo que califica como una injerencia indebida en los asuntos internos de Venezuela.

La clausura de la oficina de derechos humanos de la ONU y la expulsión de su personal plantean serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno venezolano con los estándares internacionales de derechos humanos y el acceso a la información imparcial sobre la situación en el país.