Con la muerte del coronel Fernández, suman cinco los funcionarios penitenciarios asesinados en lo que va del 2024. "Ya no sabemos qué más hacer, qué impotencia, ser servidor penitenciario en este país es tener una lápida en la cabecera. Ayúdennos, por favor", expresó la Unión de Trabajadores Penitenciarios al conocer la noticia del asesinato.
El 31 de enero, Carlos Andrés Sandoval fue asesinado en Cúcuta mientras estaba de descanso. El 10 de febrero, el dragoneante Jesús Daniel Cárdenas Barrera fue asesinado en Cartagena mientras ejercía control sobre la fila de mujeres que se alistaban para la visita conyugal en la cárcel La Ternera. Dos sicarios en moto le dispararon, causándole la muerte instantánea.
Néstor Eduardo Quevedo, pensionado del Inpec, fue asesinado el 8 de abril en el barrio Olímpico de Palmira. Al día siguiente, el dragoneante Leider Alfredo Romo Rojas fue asesinado en Buga, justo antes de ingresar a su trabajo en el centro carcelario. Romo Rojas tenía 38 años.
Oscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, destacó el trabajo arduo del Inpec para retomar el control de las cárceles, pero señaló que las medidas implementadas han generado amenazas y muertes entre los funcionarios. "Necesitamos garantías de protección", pidió Robayo.
Las amenazas contra los funcionarios se reactivaron el pasado 9 de mayo. En esa ocasión, mensajes intimidantes fueron colgados en el patio 4 de La Modelo, exigiendo el cese de las requisas y advirtiendo de atentados contra el director si los controles continuaban. Esa noche se escucharon tres disparos en el recinto. Una semana después, sicarios interceptaron el vehículo del coronel Fernández y lo asesinaron.
“Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía, a los gobernadores y alcaldes para que nos presten atención”, concluyó Robayo, en un desesperado intento por atraer la atención del gobierno y las autoridades hacia la crítica situación que viven los funcionarios penitenciarios en Colombia.
El llamado del sindicato del Inpec subraya la urgente necesidad de una intervención estatal para garantizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios, quienes enfrentan un peligro constante en el cumplimiento de sus deberes.
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