La postura oficial, expresada por el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha sido contundente: si González vuelve a Venezuela, será recibido con "brazaletes plateados", en clara alusión a su arresto. Las amenazas y las acusaciones han empujado a González al exilio tras recibir mensajes intimidatorios de funcionarios del gobierno de Maduro, un recurso común utilizado por el régimen para silenciar a los opositores.
La resistencia de la oposición y la presión internacional.
La situación de María Corina Machado, otra destacada líder opositora, refleja también la creciente represión. Machado permanece escondida en Venezuela mientras se enfrenta a la acusación de haber "forjado" actas de votación. Estas actas, que fueron publicadas en línea y verificadas por organismos independientes, se han convertido en un foco de discordia. A pesar de las demandas de la comunidad internacional y de países como Colombia, el gobierno de Maduro se ha negado a mostrar las actas originales, lo que genera aún más dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.
Maduro, que planea juramentarse en enero próximo, ha ignorado las crecientes peticiones para validar los resultados. En lugar de transparentar los comicios, el régimen ha decidido redoblar la presión sobre aquellos que desafían su autoridad, alimentando una escalada de tensión en el país y en la región.
La intervención de Colombia en el caso Monómeros
En un giro adicional a la crisis, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha enviado una carta abierta a Nicolás Maduro, expresando su firme oposición a una eventual privatización de Monómeros, la empresa de fertilizantes ubicada en Barranquilla y de propiedad venezolana. Petro destacó que esta empresa es fundamental para la productividad agrícola tanto de Colombia como de Venezuela y que su privatización afectaría negativamente a millones de familias que dependen de los ingresos que genera la producción agrícola.
Este mensaje, dirigido al "presidente Nicolás Maduro", ha generado especulaciones sobre el interés de Petro en preservar la estabilidad económica de la región y en mantener una relación fluida con el gobierno venezolano, a pesar de los cuestionamientos internacionales sobre los derechos humanos en el país vecino. No obstante, la intervención de Colombia y otros países no parece estar ejerciendo una presión efectiva sobre el régimen de Maduro, que continúa actuando con impunidad en su campaña contra la oposición.
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