El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo este jueves un operativo sin precedentes en 124 cárceles de Colombia, movilizando a 3.165 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. La intervención se realizó en 146 pabellones y patios, impactando a un total de 23.845 personas privadas de la libertad y poniendo en evidencia la grave problemática de seguridad interna en los centros penitenciarios del país.
Resultados alarmantes
Durante los allanamientos, el Inpec decomisó una significativa cantidad de elementos prohibidos:
- 1.078 celulares y 2.263 accesorios para celulares.
- 475 Simcards y 15 módems de WIFI.
- 18 kilos de estupefacientes.
- 720 armas de fabricación artesanal.
- Un millón de pesos en efectivo.
Uno de los hallazgos más preocupantes se registró en la cárcel de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, donde fue descubierta una caleta con varios de estos elementos, demostrando la sofisticación con la que operan las redes ilegales dentro de los penales.
Extorsiones al alza
El operativo tiene lugar en medio de un alarmante aumento en los casos de extorsión vinculados a personas privadas de la libertad. Según el cuarto informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional, entre enero y noviembre de este año se reportaron 11.931 casos de extorsión, un incremento del 21 % en comparación con los 9.885 casos registrados en el mismo periodo de 2023.
Las regiones más afectadas por este delito son:
- Bogotá: 2.444 casos.
- Antioquia: 1.760 casos.
- Atlántico: 1.271 casos.
- Valle del Cauca: 1.117 casos.
Un desafío persistente
A pesar de los esfuerzos del Inpec, las cifras reflejan un panorama preocupante sobre el control que grupos criminales mantienen dentro de los centros penitenciarios, utilizando herramientas tecnológicas y redes de apoyo para cometer delitos como extorsiones y tráfico de estupefacientes.
Este megaoperativo es una muestra de las acciones contundentes para contrarrestar estas dinámicas, pero también evidencia la necesidad de un enfoque integral que involucre mayor inversión en tecnología de vigilancia, capacitación del personal penitenciario y una revisión estructural del sistema carcelario en Colombia.
El aumento en los casos de extorsión es un recordatorio de que los desafíos de seguridad en las cárceles no solo afectan a los internos, sino que tienen un impacto directo en la sociedad y la economía del país.
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