Soldados patrullan sin gasolina y con dotación incompleta en zonas bajo fuego cruzado. Comunidades denuncian abandono, mientras grupos armados ilegales crecen sin freno. Gobernador denuncia que la región está asumiendo sola el peso de la seguridad.
"A veces tenemos que escoger entre racionar el combustible o caminar kilómetros por trochas sin apoyo aéreo", cuenta bajo reserva un suboficial del Ejército destacado en el norte de Antioquia. Su testimonio revela una cruda realidad: los recortes presupuestales del Gobierno Nacional están dejando a las tropas de la región desprotegidas en una guerra cada vez más desigual.
La situación es dramática. Antioquia, uno de los departamentos más críticos en la geografía del conflicto armado, se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia con una Fuerza Pública debilitada y sin garantías logísticas mínimas. Enfrentan al Clan del Golfo, al ELN y al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, pero con chalecos vencidos, botas deterioradas y dificultades hasta para conseguir alimentación.
Cifras que preocupan
Según datos revelados por la Revista Semana, las Fuerzas Armadas solicitaron al Gobierno Nacional cerca de $50 billones para su funcionamiento en 2024, pero solo recibieron $33 billones. El Ejército proyectaba $22 billones y recibió $12; la Policía pedía $23 y le dieron $14; la Armada, de $4,6 billones, recibió $3. El ajuste presupuestal golpeó también a la Fuerza Aérea y al Comando General.
El impacto regional es tangible:
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La Cuarta Brigada, con sede en Medellín, pasó de $97 millones en 2023 a solo $32 millones en 2024.
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La Brigada 14, que opera en el nordeste y Magdalena Medio, bajó de $86 millones a $65 millones.
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La Brigada 17, que cubre Urabá, pasó de $104 millones a $75 millones.Solo la Brigada 11, con sede en Montería y jurisdicción parcial en el Bajo Cauca, mantuvo su presupuesto de $101 millones.
Estas cifras se traducen en menos gasolina para patrullajes, carencia de apoyo aéreo, reducción de operaciones y aumento del riesgo para los uniformados.
Dramático panorama diario para los soldados en Antioquia. Foto cortesia
"Un abandono que también lo sentimos nosotros"
En las veredas del Bajo Cauca, los campesinos también sienten las consecuencias. “Los soldados ya casi no pasan. Uno sabe que no es porque no quieran, sino porque no tienen cómo. En cambio, los de las AGC (Clan del Golfo) sí aparecen, con fusiles nuevos, radios, drones y hasta camionetas”, relata doña Miriam*, líder comunitaria de Tarazá.
Las comunidades rurales, que históricamente han sido las más golpeadas por el conflicto armado, denuncian un abandono creciente. La ausencia del Estado se hace evidente no solo en lo militar, sino también en salud, educación, inversión social y empleo.
Una guerra asimétrica y tecnológica
Mientras el Estado recorta, los ilegales se modernizan. Los grupos armados ya emplean drones para vigilancia, ataques y contravigilancia, e incluso para interceptar los dispositivos usados por la Fuerza Pública. “Estamos en desventaja. Antes teníamos superioridad aérea. Ahora ni eso”, dice un oficial en retiro, conocedor de las operaciones en el Magdalena Medio.
El Clan del Golfo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Antioquia, ya opera en 90 de los 125 municipios del departamento y recoge más de $1 billón anual, producto del narcotráfico y la minería ilegal. El ELN hace presencia en 33 municipios, y el EMC en al menos 22, disputando territorios estratégicos.
Comparativo con otras regiones
Esta situación no es exclusiva de Antioquia. En departamentos como Nariño, Cauca y Norte de Santander, las quejas de desfinanciación son similares. Tropas sin medios, sin información oportuna y sin tecnología actualizada enfrentan a estructuras criminales que no escatiman recursos para expandirse.
Sin embargo, en Antioquia, por su importancia geoestratégica y económica, la vulnerabilidad institucional se vuelve aún más peligrosa: si cae la seguridad en Antioquia, se resiente todo el país.
El grito de un gobernador
Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, ha sido una de las voces más críticas frente a este abandono:
"Los antioqueños hemos asumido responsabilidades en varios frentes que son competencia del Gobierno Nacional. Uno de ellos: la seguridad, es decir, recursos económicos para la operatividad y dignidad de nuestros Soldados y Policías."
Y advierte: mientras la institucionalidad se debilita, las disidencias han crecido un 70% y el Clan del Golfo un 60% en los últimos años.
¿Retroceso histórico?
Exoficiales consultados por este medio comparan la situación actual con lo vivido en los años 90, cuando las Fuerzas Militares estaban replegadas, sin apoyo, y los grupos armados dominaban vastas regiones del país.
“Pensamos que ese capítulo estaba cerrado. Pero sin voluntad política ni recursos, vamos camino a repetirlo”, concluye un mayor retirado.
Antioquia parece estar pagando los platos rotos de una decisión presupuestal tomada desde los escritorios del centro del país. Mientras los grupos ilegales consolidan su dominio territorial con armas modernas, dinero y poder, las tropas oficiales sobreviven con las uñas.
Las comunidades, como en los viejos tiempos, quedan en medio del fuego cruzado, sintiéndose abandonadas por el Estado.
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