Con 92 votos a favor, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley con el que Colombia adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, un tratado de Naciones Unidas vigente desde 1989. La iniciativa, presentada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa en agosto de 2024, queda ahora a la espera de la sanción presidencial.
La decisión marca un nuevo paso en la postura del país frente al mercenarismo, fenómeno que el Gobierno califica como “una forma contemporánea de explotación humana, alimentada por la vulnerabilidad económica, la desinformación y la falta de protección jurídica”.
Impedir que Colombia sea parte de guerras ajenas
El ministro de Defensa, Pedro Arnúlfo Sánchez, explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es prevenir que Colombia se convierta en escenario de reclutamiento o participación de nacionales en conflictos armados fuera del territorio.
Según Sánchez, la salida de militares que se vinculan a ejércitos extranjeros como mercenarios no solo implica un riesgo para ellos, sino también una pérdida de talento humano para las Fuerzas Militares:
“Los entrenamos aquí, a los 10 años adquieren una capacidad enorme, pero entonces al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”.
El ministro advirtió que este fenómeno ya ha generado episodios preocupantes. En conflictos como el de Rusia y Ucrania, se han registrado casos de colombianos combatiendo en bandos opuestos.
“Vemos por ejemplo en Rusia y Ucrania colombianos enfrentados contra colombianos de diferente bando. No están peleando por una nación, están por dinero”, afirmó.
Drama humanitario para las familias
Sánchez también llamó la atención sobre el dolor que viven las familias de quienes mueren como mercenarios en escenarios de guerra. Muchos cuerpos no son repatriados y sus seres queridos enfrentan procesos inciertos y desgarradores.
“Cuando mueren, muchos de ellos no son repatriados. He hablado con familias que han tenido ese dolor, dejando aquí sus niños, dejando aquí sus esposas y algunas veces ni se sabe de la suerte de quienes van a pelear a otro lado”.
El proyecto no afecta labores legítimas en el exterior
El ministro aclaró que la norma no limita la posibilidad de que profesionales colombianos presten servicios de asesoría en seguridad o acompañamiento estratégico en otros países, siempre que se trate de actividades legales y reguladas.
“Eso no restringe para nada que asesores, por ejemplo en seguridad, vayan y asistan”.
Un fenómeno en aumento
En los últimos años, se ha evidenciado un incremento en el reclutamiento de exmilitares y civiles colombianos para participar como mercenarios en conflictos ajenos. El caso más visible ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la crisis armada en Sudán, donde ya se han reportado muertes de connacionales.
La adopción de esta convención busca frenar esa tendencia y fortalecer la protección jurídica tanto para los ciudadanos como para el Estado colombiano en un escenario internacional cada vez más complejo.
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