Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada mediante la Ordenanza 50 de 2024 y que comenzó a recaudarse desde enero de 2025, con vigencia hasta diciembre de 2027.
La petición fue hecha a través de un comunicado conjunto en el que los gremios empresariales expresaron su preocupación por el aumento de la carga tributaria que enfrenta el sector productivo del departamento. Según señalaron, a este nuevo cobro se suman decisiones recientes como el incremento del salario mínimo y otras medidas económicas adoptadas a nivel nacional, lo que estaría afectando de manera directa los presupuestos de las empresas.
De acuerdo con Intergremial y Fenalco, la tasa regional “está asfixiando al tejido empresarial”, especialmente en un contexto económico complejo. Advirtieron que el impacto no se limita a las finanzas de las compañías, sino que también podría tener consecuencias negativas sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad de la región. Incluso, alertaron que en escenarios extremos algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.
Los gremios recordaron que desde la presentación del proyecto que dio origen a la tasa manifestaron su oposición y advirtieron sobre los riesgos que implicaría para el sector productivo. Estas posiciones —aseguran— fueron expuestas tanto en los debates realizados en la Asamblea Departamental como en distintos espacios públicos y mediáticos.
Finalmente, Intergremial Antioquia y Fenalco hicieron un llamado a la Gobernación para que reconsidere la medida y explore alternativas de financiación para la seguridad que no recaigan adicionalmente sobre las empresas, las cuales, afirman, ya se encuentran debilitadas por el actual contexto económico.
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