Tras más de cinco horas de audiencia, la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría insistieron en la medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana por presunto detrimento de $2.400 millones.
Este martes se llevó a cabo la audiencia de apelación presentada por la defensa de las víctimas del Área Metropolitana y la Fiscalía, quienes se opusieron a la decisión adoptada por el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías, que el pasado lunes 16 de febrero determinó que Juan David Palacio, exdirector de la entidad, no debía ser enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
Tras esa determinación judicial, la diligencia fue reprogramada para este martes 17 del mismo mes. La audiencia se extendió por más de cinco horas, tiempo durante el cual se escucharon las apelaciones y los argumentos de las partes intervinientes. Al término de la sesión, el togado remitió el expediente a un juez de segunda instancia, quien será el encargado de definir si Palacio deberá afrontar el proceso en libertad o privado de la misma.
Durante su intervención, el fiscal 40 reiteró que las actuaciones presuntamente ilegales atribuidas a Palacio comprometen su responsabilidad y justifican la imposición de una medida de aseguramiento intramural. El representante del ente acusador sostuvo que el exfuncionario representa un peligro para la sociedad y para el desarrollo del proceso, al considerar que podría influir en testigos y afectar la investigación que adelanta la Fiscalía por un presunto detrimento patrimonial cercano a los 2.400 millones de pesos.
El fiscal insistió en que estos argumentos ya habían sido expuestos en la solicitud inicial de medida de aseguramiento por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Abushihab Majer, hizo énfasis en hechos que, a su juicio, agravan la situación del exdirector, como el formateo de tres computadores del despacho de Palacio, procedimiento que habría sido realizado por contratistas vinculados por él mismo. También señaló la reestructuración de la planta de personal, en la que 25 cargos pasaron de libre nombramiento y remoción a provisionalidad, así como el daño en la cámara de seguridad que cubría el archivo.
En contraste, la defensa de los acusados manifestó que todas estas acusaciones requieren un análisis más detallado y profundo, por lo que consideraron improcedente la solicitud de enviar a los procesados a prisión en esta etapa del proceso.
Un hecho particular de la jornada fue la intervención del representante de la Procuraduría, quien, pese a no haber presentado apelación inicialmente, decidió adherirse a la solicitud de la Fiscalía y del abogado de las víctimas, respaldando la petición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los judicializados.
Ahora será el juez de segunda instancia quien adopte la decisión definitiva sobre la situación jurídica de Juan David Palacio.
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