La decisión fue tomada por la Sección Segunda del alto tribunal, que resolvió varios recursos interpuestos por uno de los demandantes y concluyó que no existió extralimitación en la suspensión del Decreto 1469 de 2025.
El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, encargado de liderar el análisis de las demandas, precisó que esta determinación no constituye una decisión definitiva sobre el incremento del salario mínimo, sino que corresponde a una medida temporal mientras se resuelve el fondo del proceso judicial.
En total, el alto tribunal acumuló al menos 17 demandas en contra del decreto y ordenó al Gobierno nacional expedir una medida transitoria. En cumplimiento de esta instrucción, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto que mantiene el salario mínimo en $1.750.905, mientras se define la legalidad del aumento inicialmente propuesto.
Asimismo, el Consejo de Estado aclaró que no está sustituyendo las funciones del Gobierno, sino exigiendo que cualquier decisión relacionada con el salario mínimo se ajuste a los criterios técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.
Entre los factores que deben ser tenidos en cuenta se encuentran la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el comportamiento del índice de precios al consumidor.
Según el tribunal, el Gobierno deberá justificar de manera clara y detallada cómo cada una de estas variables influye en la cifra final del salario mínimo, con el fin de garantizar transparencia y legalidad en la decisión.
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