El Ministerio de Transporte comenzó a trabajar en un nuevo proyecto de Código Nacional de Tránsito que busca reducir los costos para conductores, simplificar trámites y revisar los cobros asociados a multas, patios, grúas, RUNT, SIMIT y licencias de conducción.
El Gobierno Nacional prepara una nueva reforma al Código Nacional de Tránsito, con la que pretende modificar de manera integral las reglas que durante más de dos décadas han regulado la movilidad en Colombia.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el pasado 31 de agosto quedó derogado el incremento de $800.000 que se había planteado para sacar o refrendar la licencia de conducción, una medida que había generado preocupación entre los conductores.
Ahora, por instrucción directa del presidente Abelardo De la Espriella, el Ministerio de Transporte trabaja en un borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito que será presentado posteriormente al Congreso de la República.
Multas más acordes con el bolsillo
Uno de los principales objetivos de la reforma será revisar el régimen de multas y sanciones.
La propuesta contempla que algunas infracciones de tránsito puedan reducir su costo hasta en un 50%, bajo el argumento de que una sanción no debería convertirse en una carga económica imposible de asumir para una familia.
El Gobierno también pretende que las multas guarden mayor relación con la capacidad de pago de los propietarios y conductores de automóviles y motocicletas.
La discusión también alcanza a los vehículos inmovilizados. El Ministerio anunció una revisión de los costos de grúas y patios, debido a que, en determinados casos, los cobros por la permanencia del vehículo pueden terminar superando la capacidad económica de su propietario.
Licencias con mayor vigencia
Otro de los cambios planteados tiene que ver con la duración de las licencias de conducción.
El Gobierno estudia establecer periodos de vigencia de entre 8 y 10 años, lo que representaría una modificación importante frente al sistema actual, especialmente para los conductores de servicio público.
La intención es disminuir los costos y trámites que deben asumir periódicamente los ciudadanos.
Actualmente, la vigencia de la licencia depende del tipo de vehículo y del servicio que se preste, con periodos que pueden ir desde uno hasta diez años en determinadas categorías.
También bajarían los costos de los cursos
La reforma también contempla una reducción aproximada del 25% en el costo de los cursos de conducción.
A esto se sumaría una revisión de los valores asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
El Ministerio busca, además, detectar posibles cobros duplicados y eliminar trámites considerados innecesarios.
Fotomultas, revisión técnico-mecánica y patios, bajo la lupa
La propuesta incluye igualmente una revisión de la regulación relacionada con las cámaras de fotodetección y las denominadas fotomultas.
El Gobierno pretende establecer reglas que permitan garantizar que estos mecanismos cumplan una función de seguridad vial y no se conviertan, según la postura expresada por el Ministerio, en instrumentos destinados principalmente a generar ingresos.
También serán revisados los periodos y costos de la revisión técnico-mecánica, con la intención de establecer plazos que resulten más razonables para los propietarios de vehículos.
Un Código con más de 20 años
El actual Código Nacional de Tránsito está contenido principalmente en la Ley 769 de 2002, expedida hace más de dos décadas.
Desde entonces ha sido objeto de diferentes reformas y modificaciones en asuntos relacionados con seguridad vial, sanciones, organismos de tránsito, licencias, escuelas de conducción y procedimientos administrativos.
La nueva administración considera que esos cambios no han sido suficientes para responder a la realidad actual del transporte y, especialmente, a las condiciones económicas que enfrentan los conductores colombianos.
Durante los gobiernos anteriores se introdujeron modificaciones relacionadas, entre otros asuntos, con las funciones de los organismos de tránsito, las sanciones por conducir en estado de embriaguez, la seguridad vial, las licencias digitales y las escuelas de enseñanza automovilística.
La seguridad vial seguirá siendo el eje
Aunque la reducción de costos es uno de los componentes centrales de la iniciativa, el Gobierno sostiene que la reforma no pretende flexibilizar las normas que protegen la vida en las carreteras y las ciudades.
La ministra Elsa Noguera ha señalado que la actualización busca encontrar un equilibrio entre seguridad vial, sanciones efectivas y protección de la economía de los ciudadanos.
El reto será lograr que una eventual reducción de multas y costos no termine debilitando los mecanismos de prevención y control de la accidentalidad.
El proyecto deberá ser estructurado por el Ministerio de Transporte y posteriormente llevado al Congreso, donde comenzará el debate sobre el alcance de los cambios.
De aprobarse, la reforma podría representar uno de los cambios más importantes al régimen de tránsito colombiano en los últimos años, con efectos directos sobre millones de conductores, motociclistas y propietarios de vehículos.
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