El
Comercio conversó con tres expertos sobre la violenta manifestación del fin de
semana en Iquique en contra de los migrantes venezolanos, una comunidad a la
que se le está responsabilizando por el aumento en las tasas de homicidios y
robos.
Miles
de personas salieron a las calles de la región Tarapacá, ubicada al norte
de Chile y limítrofe con
el Perú, para manifestarse en contra del aumento de la delincuencia, un
fenómeno que la mayoría de los participantes asociaba directamente con la
crisis migratoria que aqueja a la zona desde hace varios meses. La ciudad
de Iquique fue uno de
los centros de la manifestación.
Durante
la protesta, que en ciudades como Iquique llegó a congregar a unas 6
mil personas según medios chilenos, se escucharon consignas en contra de los
migrantes, especialmente dirigidas a los provenientes de Venezuela, además de la
destrucción de campamentos de migrantes instalados en la vía pública ante la
inacción policial.
En
línea con la protesta, este lunes se
realizó un paro laboral en Iquique, donde se registró el cierre de
comercios, del puerto, del aeropuerto y una huelga de camioneros, quienes
también bloquearon las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
El
detonante de esta ola de indignación ciudadana fue la agresión
sufrida por dos agentes de Carabineros a manos de cuatro ciudadanos venezolanos durante
un control policial realizado el martes 25 de enero. El Gobierno anunció al día
siguiente que los extranjeros serían deportados del país.
Sin
embargo, esta no es la primera vez que se registran este tipo de
manifestaciones en Iquique. En septiembre pasado, la ciudad
fronteriza vivió una jornada similar en rechazo a la ola de migrantes que
ingresaron al país por pasos irregulares y ante la cual el saliente gobierno de
Sebastián Piñera prometió construir albergues especiales, luego de que pasaran
varios días viviendo en parques y plazas.
El
alcalde de Iquique, Mauricio Soria, denunció ante la prensa que tanto
la manifestación del domingo como el paro laboral del lunes son, nuevamente,
responsabilidad del gobierno central y la inacción de Piñera ante la innegable
crisis desatada al norte del país.
“El
decreto de cierre de fronteras es un papel sin sentido (dictado durante la
pandemia de COVID-19), la seguridad del país va a ser un problema para todo
Chile. El gobierno tiene que ponerle la atención debida”, señaló Soria durante
una entrevista con radio ADN.
Cabe
resaltar que en septiembre del 2021, Soria presentó un recurso judicial
contra Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el canciller Andrés
Allamand para solucionar lo que denominó como “descontrol fronterizo”.
El
ministro del Interior anunció que “vamos a seguir con las expulsiones, vamos a
seguir trabajando con las policías y vamos a seguir reforzando la frontera,
pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley
de Migraciones”, según recoge
CNN Chile.
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