Lejos de
mejorar, la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados
en Venezuela, uno de los sectores más vulnerables del país, se torna cada vez
más crítica, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos.
El más reciente sondeo del Frente en Defensa de los
Jubilados y Pensionados de Venezuela revela que el 90,1% de los encuestados ha
dejado de tomar medicinas por no tener dinero para adquirirlas y el 90,9%
depende de la ayuda de algún familiar en el extranjero.
De acuerdo con un informe sobre las condiciones de
vida y la salud de las personas mayores en el país elaborado por Convite, una
ONG que promueve los derechos sociales de los ciudadanos, en Venezuela “la
mayoría se encuentran en condiciones de total indefensión”.
Durante los últimos 10 años el sector ha exigido,
infructuosamente al régimen chavista cumplir con el artículo 80 de la
Constitución, que, entre otras cosas, establece que se les debe garantizar
“atención integral y beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su
calidad de vida”.
Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de
Jubilados y Pensionados de Venezuela, insiste en la necesidad de exigir no solo
una pensión “digna”, sino la implementación de políticas que garanticen
atención por parte del sistema público de salud.
Tal y como en diversas ocasiones lo han hecho
trabajadores del sistema sanitario, Cano explica los motivos por los que no
pueden asistir a los hospitales públicos del país.
“Todos están en pleno deterioro, no hay especialistas,
no hay atención en lo que se refiere a los servicios de laboratorio, rayos X,
tomografías, y cuando tenemos que asistir al sistema privado, nos conseguimos
que un Perfil 20, que es un examen normal para nuestra edad, vale 25 dólares”,
dijo a la Voz de América.
Recuerda que “hace unos 15 años, iba al seguro social,
uno se veía con un médico, en la farmacia le daban los medicamentos a uno y uno
se podía hacer exámenes en cualquier hospital”.
Actualmente en Venezuela, tras el aumento anunciado en
marzo por Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector
público y los pensionados, es el equivalente a 28,9 dólares, y, de acuerdo con
el Observatorio Venezolano de Finanzas, solo para cubrir la canasta básica
alimentaria en febrero se requieren 353 dólares mensuales.
Sin embargo, igual que para el resto de sus
compañeros, para Cano el aumento se vuelto “sal y agua”. Dice que desde que se
decretó el incremento salarial, los precios de los artículos básicos y
medicamentos han aumentado.
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