Este 4 de julio, 23 países que integran la Coalición
por la Libertad de Prensa, firmaron un
comunicado en el que expresan su «profunda preocupación» por la
falta de libertad de prensa que hay en Venezuela debido a las políticas
represivas implementadas por la administración de Nicolás Maduro contra
periodistas, trabajadores de los medios y contra cualquiera que disiente de su
corriente.
A juicio de esta coalición, los periodistas en nuestro
país se desempeñan en un contexto donde hay regulaciones y leyes que son
restrictivas, con lo que eleva el riesgo de poder ser arrestados y ser víctimas
de violencia física. Pero no solo son los trabajadores de la prensa, sino
también esa política se extiende a los que laboran en ONG.
Para poder evitar que sean susceptibles a ser
perseguidos o arrestados de manera arbitraria, los periodistas que permanecen
en Venezuela recurren a la autocensura. De hecho, denuncian que hay una red de
medios de comunicación que son favorables a la administración Maduro que
publican noticias positivas, mientras aquellos que son críticos son candidatos
a tener que enfrentar consecuencias legales, incluida la cancelación de sus
licencias y hasta la confiscación de equipos.
Estas medidas se hacen más evidentes en el entorno
digital donde los portales que publican información adversa al Ejecutivo son
bloqueados y su contenido no se puede leer en Venezuela, lo que afecta el libre
flujo de información y la libertad de expresión.
«Esto es de particular preocupación, dado que los
medios de información y comunicación digital nunca han sido más importantes y
que la mayoría de los medios de comunicación independientes en Venezuela ahora
solo pueden operar en línea. El régimen también asigna importantes recursos
para difundir sus propios mensajes y ahogar las voces que desafían su
narrativa», detalla el texto de la mencionada coalición.
La Coalición por la Libertad de Prensa insiste en que
el derecho a la libertad de expresión que ejercen los periodistas es clave para
la defensa y promoción de la democracia en un país y enfatiza que los medios
plurales, independientes y libres, son esenciales para que una sociedad
democrática pueda tomar las mejores decisiones, escuche opiniones y pueda
responsabilizar a las autoridades.
Según la ONG Espacio Público, en mayo de 2022 se
produjeron 11 casos para un
total de 14 violaciones a la libertad de expresión y acoso a la
información, junto al cierre de dos emisoras radiofónicas.
Del total, 13 hechos de violación a la libertad de
expresión estuvieron relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación
y uno de restricción administrativa precisa el informe emitido.
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