Con el título “El único dueño del país son sus
ciudadanos”, el Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a 256
oficiales de diverso rango, exige que al país se le explique y se aclare sobre
el anuncio de permitirle a Irán utilizar un millón de hectáreas de territorio
venezolano, según el acuerdo que informó Mohsen Kushki Tabar, viceministro para
asuntos económicos iraní, se hizo entre los dos países. Lo grave es que la
decisión, que puede traer consecuencias muy graves para el país caribeño, la
tomó Nicolás Maduro sin el conocimiento ni autorización de los venezolanos.
La organización que preside el general Vicealmirante
Rafael Huizi Clavier, tiene como Vicepresidente al General de Brigada Ejército
Teodoro Díaz Zavala y como representantes de oficiales de los diversos
componentes: Capitán de Navío Pedro Betancourt (Armada), Coronel (Av.) Ángel
Rodríguez Campos (Aviación) y General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez
(Guardia Nacional). Entre sus expresidentes está el general de División (Av)
Manuel Andara Clavier y los generales de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera
Betancourt y (GN) Miguel Aparicio Ramírez.
El FIM resalta que en estricto cumplimiento de la Constitución
Nacional y leyes de la República, “exigimos a quienes fungen de autoridades del
país una explicación, y debida aclaratoria, sobre una posible enajenación de
1.000.000 de hectáreas de tierra cultivable, acordada en un supuesto convenio
con la República de Irán”.
De manera enfática recuerdan que “quiera que ejerza
funciones de gobierno, es el administrador del Estado por un tiempo
determinado, no es el dueño del país”, por lo que no está posibilitado ni
autorizado para ceder tierras, como en este caso a Irán de un millón de hectáreas
de tierras de cultivo, “que supera la superficie total de algunos estados del
país”.
En el comunicado que suscriben los 256 oficiales,
desde generales y almirantes hasta cabo segundo, se destaca lo establecido en
“el artículo 13 de la Constitución de la República: ‘El territorio no podrá
ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aun
temporal o parcialmente, a Estados extranjero u otros sujetos de derecho
internacional...’. Lo que señala claramente que de incurrirse en esa acción
se
violaría la Constitución flagrantemente y que todos
los ejecutores y participantes en la misma, se verían incursos en un delito
contemplado en nuestro Código Penal”.
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