Contratistas denuncian despidos por retaliación política

 Los prestadores de servicios afirmaron que adulteraron documentos y han sufrido humillaciones. Desde la Alcaldía de Villa del Rosario se defienden.

Los protestantes mostraron las supuestas Cartas DE renuncia que les hicieron firmar./ Foto LA Opinión

Un grupo de trabajadores, contratistas de la Alcaldía de Villa del Rosario, protestaron ayer a las puertas del Palacio Municipal para denunciar que fueron obligados a firmar cartas de renuncia bajo engaño para poner fin a sus contratos, esto como presunta retaliación por no haber cumplido con una cuota política.

De acuerdo a los manifestantes, desde mayo pasado, comenzaron a recibir a sus correos copias de radicados de la supuestas cartas de renuncias, algunas sin el membrete de la oficina de correspondencia de la Alcaldía, pero con sus firmas y huellas, cuando en realidad todo se trató de un engaño, denunciaron.

Uno de los protestantes, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, manifestó que son 65 los profesionales y trabajadores con contratos por prestación de servicios los que se han visto afectados.

Indicó que meses atrás fueron convocados a una reunión en la que algunos secretarios de despacho les pidieron conseguir una cierta cantidad de votos para respaldar a un candidato a la Alcaldía, respaldado por la administración actual.

Aseguró que muchos se negaron a la petición y, creen, que la intención de cancelar sus contrataciones forma parte de un pase de factura. “Hemos sido maltratados por no acceder a sus peticiones políticas. Elaboraron unas cartas de renuncias falsas que fueron manipuladas y subidas al Secop, con las que pretenden dar por terminados nuestros contactos”, aseguró.

Con las cartas en mano, los contratistas llegaron a las puertas de la Alcaldía, exigiendo que les ofrecieran alguna explicación, ya que además de adulterar los documentos, dijeron ser objeto de humillaciones por parte de sus supervisores que se niegan a asignarles actividades “para justificar el cese de la contratación”, dijeron.

Juan Vásquez, uno protestantes afirmó que cuando firmaron sus contratos de prestación de servicios (OPS), la mayoría por nueve meses, les obligaban a firmar nueve cartas de renuncia con parte de la hoja en blanco y sin fecha. “Era una por mes de contrato y lo pusieron como condición para poder hacer la contratación”, afirmó.

Los jueces

Edgar Uribe, secretario de Gobierno de Villa del Rosario, indicó que como administración municipal han insistido en que ese tipo de injerencia se debe solucionar con los jueces de la República, por lo que instó desde las puertas del Palacio Municipal a que los trabajadores permitieran el acceso de los empleados de la Alcaldía que llegaban a cumplir con sus labores.

“Ellos son contratistas de la administración, alegan unos despidos injustos, pero la ley establece que estas controversias se resuelven con los jueces, lo que les he dicho es que la Alcaldía no puede interrumpir la prestación de sus servicios porque hay personas que requieren ingresar a las instalaciones”, aseguró.

Fuimos obligados a firmar para poder hacer la contratación y todos lo aceptaron para no perder el empleo”. Denunciante.

“No quieren trabajar”

Carlos Socha, alcalde de Villa del Rosario, manifestó que nunca ha estado al frente de las contrataciones, por lo que no puede conocer las injerencias respecto a esos procesos. “Cuando yo le doy trabajo a una persona es porque hay una necesidad del servicio y la persona califica. Por otro lado, yo no soy el que contrato, yo doy el visto bueno a las hojas de vida y hay un equipo jurídico que lo hace”, declaró.

El primer mandatario negó que en su administración se haya coaccionado a los trabajadores para firmar cartas de renuncia. “La gente renuncia es porque es su voluntad fuerza mayor, además, esas son personas que ya no quieren trabajar”, agregó.

Socha instó a los contratistas que tienen alguna denuncia frente a sus procesos de prestación de servicios, o si consideran que sus derechos han sido vulnerados, a que instauren la demanda ante los órganos competentes.

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