La Contraloría General de la República cuenta con un plazo legal de hasta seis meses para adelantar las verificaciones, lo que abre un compás de espera en medio de una comunidad que sigue enfrentando inundaciones cada vez que llueve.
Lo que debía ser una solución vial terminó convirtiéndose en un problema estructural que hoy afecta gravemente a decenas de familias en la ciudad de Cúcuta. Habitantes de la calle 21 entre avenidas 0B y Primera, en el barrio Blanco, denuncian que la reciente intervención sobre la Avenida Primera —una de las principales arterias viales que conecta el centro con el municipio de Los Patios— no solo ignoró un problema histórico de drenaje, sino que lo agravó de manera alarmante.
Según la comunidad, el rediseño o repavimentación
de la vía no corrigió un desnivel crítico existente entre la avenida principal
y la calle 21. Como consecuencia, cada vez que llueve, el agua, el lodo y los
desechos provenientes de sectores altos como San Rafael y Santo Domingo
descienden sin control hacia esta calle, generando inundaciones, estancamientos
y deterioro progresivo de la infraestructura.
“Hoy tenemos verdaderas piscinas frente a nuestras
casas. El agua ya no solo se queda en la vía, sino que entra a garajes,
antejardines y pone en riesgo nuestras viviendas”, afirman residentes del
sector.
FALLA TÉCNICA EVIDENTE
Expertos coinciden en que toda vía arterial debe
contemplar sistemas adecuados de drenaje superficial. Sin embargo, en este
caso, la obra no incluyó alcantarillas, rejillas de captación ni soluciones de
canalización hacia el sistema de aguas lluvias existente, lo que evidencia una
posible falla grave de diseño o ejecución.
Más aún, resulta preocupante que esta problemática
no era desconocida. Cúcuta arrastra históricamente deficiencias en su sistema
de drenaje pluvial, lo que obliga a que cualquier intervención vial contemple
soluciones hidráulicas integrales. Ignorar este factor no solo refleja
improvisación, sino una posible negligencia técnica.
INVERSIÓN CUESTIONADA Y POSIBLE
DETRIMENTO
La indignación ciudadana crece al considerar que se
trata de una obra de inversión millonaria que, lejos de solucionar, empeoró la
situación. La comunidad señala que se habría priorizado la rapidez de ejecución
sobre la calidad técnica, omitiendo estudios fundamentales o decisiones de
ingeniería necesarias para evitar este tipo de afectaciones.
COMUNIDAD ACUDE A ENTES DE
CONTROL
Ante la falta de respuestas efectivas, los
habitantes colocaron en conocimiento de la situación a la Personería Municipal,
la Defensoría del Pueblo y la empresa Aguas Kpital Cúcuta. Asimismo,
solicitarán la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la
Fiscalía General de la Nación y la Contraloría —tanto municipal como general—
para que se investigue a fondo la ejecución de esta obra.
“No es solo una molestia: es un daño progresivo,
evitable y que alguien debe responder”, concluyen los denunciantes.
La comunidad exige soluciones inmediatas, pero
también respuestas claras sobre quién permitió que una inversión pública
terminara afectando a quienes debía beneficiar.
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA RECONOCE COMO UNA DENUNCIA CON RELEVANCIA FISCAL
Lejos
de tratarse de una simple queja comunitaria, la situación ya fue reconocida por
la Contraloría General de la República como una denuncia con relevancia fiscal, lo que en
términos prácticos significa que existen indicios suficientes para investigar
un posible mal uso de recursos públicos. El organismo confirmó que los hechos
relacionados con la intervención de la Avenida Primera serán objeto de
vigilancia fiscal, al involucrar recursos del Sistema General de
Participaciones. Este paso marca un punto de quiebre: lo que empezó como una
afectación barrial podría convertirse en un caso de responsabilidad fiscal por
una obra que, en lugar de solucionar un problema histórico, lo profundizó con
recursos del Estado.
LA DENUNCIA
POR POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL
En
atención a los hechos expuestos, se solicita a la Contraloría competente
adelantar las investigaciones fiscales correspondientes, toda vez que existen
indicios de un posible detrimento patrimonial derivado de la ejecución de una
obra pública que, pese a implicar una inversión millonaria de recursos del
Estado, no solo omitió elementos técnicos esenciales como el drenaje pluvial
adecuado, sino que además generó un agravamiento de la problemática
preexistente, afectando directamente a la comunidad. Esta situación podría
evidenciar fallas en la planeación, diseño, ejecución o supervisión
contractual, lo cual amerita una revisión exhaustiva para determinar
responsabilidades fiscales y el eventual resarcimiento de los daños
ocasionados.
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