Se ha sabido que entre 2010 y 2023 las autoridades recibieron 57.000 denuncias sobre hechos de corrupción de diversa índole en Colombia.
Bien puesto le queda a esta situación el apelativo de ‘mar’ por la magnitud de hechos expuestos para que fueran investigados y esclarecidos, con las correspondientes sanciones penales y pecuniarias a los responsables.
Pero la verdad que se palpa es que este mal que depreda los recursos económicos y arrasa con la moral y la ética, poniendo de moda que el todo vale así sea llevándose de por medio las leyes y la institucionalidad para quedarse con los dineros públicos que pertenecen a todos los colombianos, sigue ganando la batalla.
Para el debate queda esta cifra y otra que de resultar siendo ratificada también constituye un escándalo, y es que el nivel sin condena se encuentra en el 93,99%, como lo acaba de revelar la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
La respuesta que emita la Fiscalía, los tribunales y los jueces ayudarán a decantar estas cifras, pero por lo que se advierte en la vida diaria, realmente estamos ante muchos hechos escandalosos y muy escasos juicios y condenas por acciones de corruptela.
En estos hechos, la mayoría de los casos no pasan de los grandes titulares y las páginas enteras en los periódicos, así como las exposiciones en las redes sociales y las informaciones radiales y televisivas.
Después de eso se pasa a los anuncios de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía sobre sus decisiones, desde las respectivas órbitas, de poner en marcha acciones para hacerle el seguimiento respectivo y ponerles la lupa desde los puntos de vista fiscal, disciplinario y judicial.
Sin embargo, como Colombia es un país donde un escándalo sepulta al anterior con mayores proporciones e implicaciones, entonces se hace la tendencia de que todo se denuncia pero no todo se lleva realmente a los estrados o a la cárcel o a la devolución y rescate de lo esquilmado con sus respectivas ganancias.
El hecho de que el 77,15% de los delitos asociados a corrupción denunciados entre 2010 y lo que va del 2013 se encuentren en indagación, indica que estamos muy lejos para enfrentar ese delito y que el país necesita hacer algo para cerrar esa vena rota por donde se pierden hasta 50 billones de pesos anuales, como lo indican las mediciones sobre el daño que ocasiona.
Una gran comisión anticorrupción -pero no la de Acusaciones de la Cámara de Representantes que poco o nada sirve-de la que hagan parte jueces y fiscales especializados en apoyo con procuradores y contralores, sería indispensable para que hagan este trabajo urgente.
Será igualmente necesario que se cuente con un penal destinado específicamente para los corruptos, como políticos, funcionarios y miembros del sector privado, porque aquí no debería darse ni el beneficio de la casa por cárcel o de los lugares especiales de reclusión, puesto que el costo material y moral es de características escabrosas.
Si de verdad se quisiera actuar con justicia pronta contra los denominados ‘delincuentes de cuello blanco’ no debería de haber contemplación para nadie, en la escala desde el presidente hasta los congresistas, gobernadores y alcaldes, por poner un ejemplo, puesto que hemos asistido a lo largo del tiempo a la danza de la corruptela, sin que haya realmente un castigo para los implicados y sus cómplices.
Complementariamente, debe revisarse todo lo relacionado con la contratación pública, el presupuesto y las negociaciones en que estén en juego millonarios recursos económicos, porque así como debe de darse la acción punitiva también hay que reforzar y reestructurar la operación preventiva.
Si de verdad se quisiera actuar con justicia pronta Contra los denominados ‘delincuentes de cuello blanco’ no debería de haber Contemplación para NADIE, En la escala desde el presidente hasta los Congresistas, gobernadores y ALCALDES, por poner un Ejemplo, puesto que hemos Asistido A lo largo DEL tiempo a la danza de la Corruptela.
Editorial La Opinión
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