La Corte Suprema de Justicia abre un nuevo llamado a indagatoria para el congresista de Norte ede Santander Wilmer Carrillo

Esta es, al menos, la tercera vinculación formal en un proceso para Carrillo este año por supuestas irregularidades cometidas cuando fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander, acusado en uno más y absuelto en otro caso. ¿Por qué?

Wilmer Carrillo, congresista de Norte de Santander

La Corte Suprema de Justicia abre investigación contra el representante Wilmer Carrillo por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El caso se remonta a su periodo como Secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, entre 2008 y 2011, cuando habría suscrito un contrato con la firma Reingeniería Ltda, una empresa cuyo socio capitalista era hermano de la esposa del procesado, es decir, su cuñado.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido iniciar una investigación formal contra el representante Wilmer Carrillo, luego de que surgieran indicios de irregularidades en un contrato suscrito durante su gestión como Secretario de Vías e Infraestructura en el departamento de Norte de Santander. El representante es señalado de haber firmado un contrato sin cumplir los requisitos legales necesarios, además de ser acusado de enriquecimiento ilícito y violación de inhabilidades.

El contrato en cuestión habría sido suscrito con una empresa cuyo socio era el cuñado del representante Carrillo, lo que plantea dudas sobre un posible conflicto de intereses y el incumplimiento de las normas de contratación pública. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del representante en este caso.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el representante Carrillo enfrenta problemas legales. Durante este año, la Corte Suprema de Justicia le ha abierto dos procesos de investigación y ha sido acusado en otro caso. Sin embargo, en uno de los casos fue absuelto, lo que ha generado interrogantes sobre la consistencia de las acusaciones en su contra.

La apertura de este nuevo proceso de investigación profundiza la situación legal del representante Carrillo y plantea la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que se llevó a cabo el contrato en cuestión. La Corte Suprema de Justicia se encargará de analizar las pruebas y testimonios para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes en caso de comprobarse las irregularidades.

Es importante señalar que todos los implicados en este proceso tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. La investigación de la Corte Suprema de Justicia permitirá esclarecer los hechos y asegurar que se cumplan los principios de transparencia y legalidad en la gestión pública.

El 3 de mayo de este año, Carrillo fue acusado por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación a favor de terceros agravado por haber liquidado, como Secretario, un contrato de obra y ordenado el pago de 258 millones de pesos. 

Todo esto, dice la acusación, pese a que no se había cumplido con el objeto del contrato y la ejecución de la obra presentaba irregularidades, tal y como lo había señalado previamente un informe técnico.

Y en enero de este año, la Sala de Instrucción también le abrió otro proceso por la presunta comisión de los delitos de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Esta vez por unos negocios jurídicos del hospital regional de Ábrego, Norte de Santander. Acá se investiga si Carrillo  supuestamente exigía a los contratistas, a través de la gerente del hospital, el pago de un porcentaje para que les fueran adjudicados los contratos.

El proceso por el que fue absuelto

En otro proceso, por el que había sido acusado en 2018, Carrillo fue absuelto el pasado 22 de junio, por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Ese fue un proceso que avanzó por supuestas irregularidades en contratación y en el que la Sala determinó que,  contrario a la acusación, Carrillo no incumplió obligaciones a la hora de liquidar un contrato de obra 109 para el mejoramiento de 3.8 kilómetros de los 19 que componían la vía Lourdes-Gramalote, el cual tuvo múltiples problemas.

Por: ALEJANDRA BONILLA MORA