Procuraduría investiga a concejal de Medellín por presunto maltrato, irrespeto y actos de constreñimiento a su unidad de apoyo

- Julio Enrique González Villa es señalado de dirigirse a seis contratistas con formas degradantes y agresivos, e imponerles el cumplimiento de actividades distintas para las que fueron contratadas.

Julio Enrique González Villa, concejal de Medellín. Foto. Colprensa

Bogotá, D. C., 18 de agosto de 2023 (@PGN_COL). Por presunto maltrato verbal y sicológico, y posibles actos de constreñimiento a seis colaboradoras de su unidad de apoyo, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el concejal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Antioquia, Julio Enrique González Villa.

El ente de control investiga si durante el tiempo en que estuvieron vinculadas con su despacho, las contratistas sufrieron maltratos verbales y psicológicos por parte de González Villa, pues según la denuncia interpuesta por su abogado les infundía miedo, intimidación, terror y angustia, hechos que a su juicio “configuran una violencia basada en género”.

En la queja se afirma que de manera constante y reiterada, el concejal se dirigía a ellas con tratos degradantes y en tono agresivo, usando expresiones como “Brutas", "Lo que ustedes hacen es basura", "Estúpidas", "Si no sirven, se largan" y "Pídanme perdón de rodillas porque se equivocaron", entre otras, que para el apoderado de las quejosas “resultan evidentemente discriminatorias y basadas en estereotipos de género”.

Entre muchos otros comportamientos violentos, agresivos y sistemáticos como tirar la puerta, golpear los escritorios, arrugar y tirar los informes que le entregaban para las sesiones plenarias, manotear, e incluso, levantar la mano, el defensor aseveró que el cabildante obligaba a los contratistas de su unidad de apoyo a cumplir horarios extenuantes, y además, a asistir en forma masiva a reuniones y marchas políticas.

Sumado a lo anterior, en la queja electrónica radicada ante el Ministerio Público, se menciona que a las denunciantes se les prohibía constantemente, hablar o sostener amistad con miembros de otra unidad de apoyo; se les obligaba a asistir a marchas políticas; a hacer acompañamiento jurídico a los casos de la oficina personal del investigado; y hasta a cumplir órdenes estrictas de sus hijas.

Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.

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