El 12 de diciembre de 2020, mientras los nortesantandereanos mantenían puesta su atención en la batalla contra la mortífera Covid-19 y en cómo asimilar unas festividades decembrinas en medio del encierro, en la Asamblea de Norte de Santander, durante una sesión virtual transmitida en vivo y con apenas unos cuantos seguidores como testigos, los diputados le daban vida a la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo, que hoy está bajo el escrutinio público y de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación.
Los reparos y las inquietudes que días antes de su aprobación alcanzaron a plantear algunos de los diputados, principalmente de la oposición (Centro Democrático), sobre los alcances de dicha empresa, la posibilidad de que se transformara en un escenario de burocracia y terminara absorbiendo las funciones de secretarías importantes como la de Infraestructura, acabaron por convertirse en el presagio de lo que, tres años después, empieza a tomar forma de escándalo.
El ministerio público empezó a examinar el sistema de contratación que aplica para la realización especialmente de obras de infraestructura en la región y que bajo este mecanismo se habrían entregado millonarias contrataciones.
Los cuestionamientos surgen por la adjudicación que a través de convenios interadministrativos la administración departamental ha trazado la ejecución de proyectos contemplados en el plan de desarrollo bajo esa figura, como también los beneficiarios de los procesos licitatorios.
A través de convenios interadministrativos, la Gobernación de Norte de Santander ha delegado en Faro del Catatumbo la puesta en marcha de decenas de proyectos, muchos de los cuales están consignados en el Plan Departamental de Desarrollo, sustituyendo así las labores propias de dependencias como la Secretaría de Infraestructura.
En el primer año de funcionamiento (2021), esta entidad, conformada con un capital inicial de $1.000 millones, cien por ciento público, cargado al presupuesto general del departamento, y cuya junta directiva preside el gobernador Silvano Serrano, entregó cuatro contratos por un monto cercano a los $26.000 millones, según la información que reposa en la misma página web de la EICE. En 2022 la cifra de contratos ascendió a 27.
Uno de los datos que llama la atención y que ha llevado a poner todos los reflectores sobre esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, autorizada para promover, estructurar, desarrollar y gerenciar proyectos, es que en lo que va corrido de 2023, en pleno año electoral, Faro del Catatumbo ha adjudicado ya 39 contratos, que suman un valor de $300.000 millones.
Pese a que desde finales de junio pasado entró en vigencia la Ley de Garantías Electorales, “que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales para cargos de elección popular”, esta EICE ha seguido contratando y entre julio y agosto se adjudicaron 13 proyectos u obras por cerca de $155.000 millones.
En una revisión hecha por La Opinión a cada uno de los contratos de 2023 publicados por la empresa en su página web, se puede observar que los más cuantiosos se entregaron justamente en este periodo de tiempo y en la mayoría de las licitaciones hubo un único oferente. En este grupo aparecen, entre otros, los siguientes:
-LP-FC-038-2023, por $69.756 millones, adjudicado al Consorcio Vía Centro, cuyo representante legal es Germán Alberto Berbesí Barroso. (Único oferente).
-LP-FC-039-2023, por $18.710 millones, adjudicado al Consorcio Chinácota-mejué, de quien es representante legal Jaime Hernando Tenjo Contreras. (Único oferente).
-LP-FC-042-2023, por $27.978 millones, adjudicado a la Unión Temporal Construcciones La Salle, cuyo representante legal es Fabio Alberto Sánchez Garavito. (Único oferente).
-LP-FC-045-2023, por $32.518 millones, otorgado al Consorcio Infraestructura Educativa 2023, representado legalmente por Marco César Leiva Takemiche. (Único oferente).
‘Son instrumentos legales’
Esta semana, en una entrevista con el programa ‘Sigue la W’ de la emisora W Radio, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, habló de la contratación en Ley de Garantías y explicó que Faro del Catatumbo es una empresa industrial y comercial del departamento, completamente pública, con patrimonio 100% de la Gobernación de Norte de Santander “y tal como lo señala la Ley 996 que rige el tema de control de garantías electorales, no está enmarcado dentro de las prohibiciones, el desarrollo de su actividad, que es la contractual”.
El gobernador dijo que Faro del Catatumbo se creó justamente por la necesidad que se ha evidenciado desde hace algunos años “de tener como soporte de la Gobernación una unidad gestora de proyectos, es decir, una unidad que se encargue de identificar esos proyectos estratégicos de Norte de Santander, hacer su estructuración, maduración, estudios diseños pero adicionalmente hacer el ejercicio del desarrollo y ejecución de obras que hemos considerado estratégicas”.
Viejos conocidos
Desde que la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo vio la luz, muchas caras y nombres conocidos han estado relacionados no solo con su funcionamiento y administración, sino con los negocios y proyectos que se han concretado a través de ella en estos primeros tres años de labores.
Si bien la Ordenanza 021 mediante la cual se creó la EICE establece que el gobernador es la cabeza visible de la empresa, como presidente de la junta directiva, y que los cuatro miembros restantes de este órgano de dirección también serán designados por él, uno de los principales cuestionamientos que se hizo desde un principio fue que Faro terminó convertida en una extensión de la Gobernación.
Lo anterior, pues varios de los secretarios de despacho o funcionarios que estuvieron vinculados con la administración departamental terminaron ejerciendo algún cargo en la nueva empresa.
Una de ellas es Lucy Elena Urón Rincón, quien se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad en el arranque de la administración de Silvano Serrano y se convirtió en la gerente de Faro el 31 de enero de 2022.
Luego de su renuncia al cargo, este año asumió esas funciones el exsecretario de Planeación, Víctor Peña, quien es otro de los viejos conocidos de la administración departamental, pues ha estado vinculado en las dos administraciones de William Villamizar, en la de Edgar Díaz y, más recientemente, en la de Silvano Serrano.
Urón también hizo parte del gabinete de Díaz, como alta consejera para Planes, Programas y Proyectos Especiales de la Gobernación y es, además, la cuñada del exgobernador William Villamizar.
Pero los exsecretarios no son los únicos
El Faro del Catatumbo es una empresa industrial y comercial del Estado (EICE), creada con patrimonio 100% la Asamblea departamental en diciembre de 2020 *Representantes legales de los consorcio o uniones temporales que han ganado los contratos más grandes.
El ministerio público indaga si hay responsabilidad o no en la asignación, ejecución e inversión de obras a través del Sistema General de Regalías. También se investiga la constitución de la empresa, y los mecanismos de contratación habilitados en la misma.
En la acción preliminar iniciada por la procuraduría se solicita además el acompañamiento de los organismos de control y las autoridades judiciales.
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La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para examinar la forma como rige la empresa Faro del Catatumbo, una entidad creada en la pandemia y que en su momento bajo ordenanza fue avalada por la Asamblea del Departamento de Norte de Santander, para la Gobernación.
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