La firma del decreto por parte del presidente argentino, Javier Milei, para cesar los contratos de más de 5.000 trabajadores estatales que ingresaron en el último año ha encendido las alarmas sindicales. Mientras los sindicatos se preparan para manifestarse en contra de lo que consideran un desguace del Estado, el Gobierno también anuncia la revisión de contratos previos a 2023 en los próximos 90 días, intensificando la tensión en el país.
En una nueva medida polémica, el presidente argentino, Javier Milei, ha firmado un decreto que anula más de 5.000 contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial, forma parte de la estrategia del mandatario ultra para reducir al mínimo el Estado y lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública.
El decreto establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023, afectando a más de 5.000 empleados, según el Gobierno, y superando los 7.000, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Además, en los próximos 90 días, se llevará a cabo un relevamiento exhaustivo de los contratos de trabajadores del sector público empleados antes de esa fecha.
Se contemplan excepciones en la medida, como los trabajadores que forman parte de cupos regulados por ley, personas con discapacidad o aquellos considerados indispensables para una jurisdicción.
Esta decisión se suma a las reformas impulsadas por Milei, que incluyen la reducción del Gabinete de Ministros y la eliminación de regulaciones estatales. El presidente había anticipado en su discurso inaugural que el ajuste recaería en el Estado y no en el sector privado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha catalogado el decreto como una agresión y ha advertido que no aceptarán ningún despido. En un comunicado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció la intensificación del plan de lucha del sindicato.
En respuesta a estas medidas, los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles en una protesta contra lo que consideran un desguace del Estado. Este reclamo se suma a las críticas contra el decreto firmado por Milei hace una semana, que incluye 300 reformas para desmantelar diversas áreas del Estado argentino.
El sector público en Argentina cuenta con aproximadamente 3,5 millones de empleados asalariados, representando el 2,2% del PIB en gastos de personal, según datos del Ministerio de Trabajo. El decreto publicado este martes es interpretado como un paso más en la agenda de reducción del Estado promovida por el Gobierno de Milei.
El presidente oficializó también el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El Gobierno ha enumerado varias iniciativas a tratar, como la reforma del Estado y la implementación de la boleta única de papel en las elecciones nacionales.
A pesar de la contundente victoria de Milei en las elecciones, con el 56% de los votos, su partido se encuentra en minoría en ambas cámaras del Congreso, lo que implica que necesitará negociar con otras fuerzas políticas para llevar a cabo sus transformaciones.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, lanzó un mensaje a los legisladores instándolos a acompañar el cambio propuesto por Milei y a no obstruir las reformas. La tensión en el país se incrementa ante estas decisiones y en un contexto marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles, implementado por el Gobierno para controlar las manifestaciones.
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