Mancuso, quien fue extraditado hace 16 años por el Gobierno de Álvaro Uribe, ahora es objeto de un fuerte esquema de seguridad por parte del Gobierno de Petro, mientras su defensa busca su liberación. Sin embargo, su pasado está marcado por su participación en numerosos crímenes que dejaron decenas de miles de víctimas inocentes.
Aunque Mancuso ha intentado ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en varias ocasiones, aún no ha sido formalmente aceptado. Sus intentos han estado acompañados de declaraciones en las que ofrece información sobre el conflicto armado en Colombia, buscando ser considerado como un tercero voluntario. Sin embargo, sus afirmaciones han sido cuestionadas por su posible tono politizado, que lo acerca al Gobierno actual en un momento en el que la paz es una prioridad.
El exparamilitar enfrenta múltiples condenas por sus roles tanto como comandante militar como supuesto puente político del grupo armado. Aunque inicialmente estará en prisión, su defensa argumenta que su extradición a Estados Unidos en 2008 fue indebida y que ya ha cumplido una pena superior a la estipulada en el marco de Justicia y Paz.
Recientemente, Mancuso fue citado por la Fiscalía en el caso del expresidente Uribe, relacionado con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve. Esto sugiere que aún hay aspectos pendientes en su situación legal que podrían tener repercusiones importantes.
El retorno de Mancuso a Colombia bajo la protección del Estado plantea desafíos y dilemas éticos. Si bien se espera que contribuya a esclarecer la verdad sobre el conflicto armado, su presencia también genera incertidumbre y preocupación entre las víctimas y la sociedad en general. El Gobierno asegura que se garantizará su seguridad durante su labor como gestor de paz, pero la reconciliación con su pasado violento será un proceso complejo y delicado.
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