La crisis de seguridad que enfrenta Cúcuta y el departamento de Norte de Santander ha alcanzado proporciones alarmantes, evidenciando una profunda falta de gestión y liderazgo por parte del alcalde Jorge Acevedo. Ante la emisión de alertas por parte de Estados Unidos y Canadá sobre los riesgos de viajar a Colombia debido a la elevada criminalidad, resulta evidente que las políticas y acciones implementadas por el gobierno local han sido insuficientes para abordar la situación.
Los altos índices de narcotráfico, secuestro, extorsión, robos y desapariciones forzadas han convertido a Cúcuta en una de las ciudades más peligrosas del mundo, ocupando un vergonzoso puesto 43 en el ranking internacional. Esta realidad refleja la falta de medidas efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La ausencia de una estrategia integral y coordinada para enfrentar la violencia ha dejado a la población vulnerable y desprotegida. La inacción del alcalde Acevedo ante esta situación crítica ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los habitantes de la ciudad, quienes ven cómo su calidad de vida se ve afectada por la inseguridad reinante.
Además, la falta de liderazgo del alcalde se evidencia en la ausencia de iniciativas para promover el diálogo y la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad civil y el Estado. La falta de coordinación entre las autoridades locales, regionales y nacionales ha obstaculizado los esfuerzos para abordar de manera efectiva los desafíos de seguridad que enfrenta la región.
En este contexto, resulta imperativo que el alcalde Acevedo asuma su responsabilidad y adopte medidas concretas para mejorar la seguridad en Cúcuta. Esto incluye la implementación de políticas de prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el fomento de la participación ciudadana en la lucha contra la criminalidad. La falta de acción y liderazgo por parte del alcalde no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
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