En un enérgico pronunciamiento, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, acusó a la Procuraduría General de la Nación de mantener un preocupante silencio ante las denuncias de corrupción presentadas por su despacho durante los últimos dos años del gobierno actual. Idárraga señaló que, pese a haber enviado casi 700 comunicaciones oficiales alertando sobre posibles actos de corrupción, la respuesta de la Procuraduría ha sido mínima, lo que podría estar favoreciendo la impunidad.
El funcionario aseguró que entre agosto de 2022 y agosto de 2024, su despacho remitió 695 comunicaciones a la Procuraduría, desglosadas en 570 traslados de posibles casos de corrupción, 47 solicitudes de información y 56 comunicaciones que combinaban ambas acciones. Sin embargo, según Idárraga, de este total solo ha recibido 23 respuestas oficiales, dejando 672 alertas sin atender.
“Un favorecimiento a la impunidad”
Idárraga expresó su preocupación por lo que calificó como una falta de acción por parte del ente de control, destacando que el silencio institucional ante estos presuntos hechos de corrupción no solo favorece la impunidad, sino que también debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
“El silencio de las autoridades ante presuntos actos de corrupción favorece la impunidad, debilita la confianza en las instituciones y hace que el miedo siga reinando en Colombia, porque cuando se denuncia, literalmente, no pasa nada”, manifestó el secretario de Transparencia.
Llamado a las Comisiones Regionales de Moralización
En busca de una solución y de acciones concretas, Idárraga anunció que llevará las alertas anticorrupción ante las Comisiones Regionales de Moralización, con el objetivo de que estos organismos den trámite a los casos denunciados. Para el funcionario, es fundamental que la justicia actúe de manera oportuna y eficiente para evitar que la corrupción siga afectando la vida pública del país.
Este pronunciamiento se suma a las tensiones entre los distintos entes de control y vigilancia del país, que han sido criticados por la falta de respuestas contundentes frente a los casos de corrupción que han sido denunciados en los últimos años. La declaración de Idárraga pone en el centro del debate la eficacia de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
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