El Consejo de Estado ordena la “muerte política” de Oliverio Castellanos, concejal de Cambio Radical, de Cúcuta.
Era una sesión cualquiera en el Concejo de Cúcuta en 2022 cuando Oliverio Castellanos, experimentado concejal de Cambio Radical y, en ese momento, presidente de la corporación, tomó una decisión que más tarde se convertiría en el principio de su ocaso político. Reconoció y pagó honorarios al entonces concejal Nelson Ovalles, sin la constancia de su asistencia a una sesión, un acto que a primera vista podría haber sido considerado un simple error administrativo, pero que el Consejo de Estado, en segunda instancia, calificó como una grave falta. que ameritaba la pérdida de su investidura.
El Consejo de Estado revocó la decisión del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en agosto había dado la
razón a Castellanos y evitó su sanción. Pero el destino cambió, y el alto
tribunal decidió aplicar la “muerte política” al cabildante, determinando que
la omisión en la verificación de asistencia constituía una indebida destino de
dineros públicos.
En su sentencia, el Consejo de Estado fue
contundente: “La Sala considera que se probaron los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebido destino de
dineros públicos del concejal José Oliverio Castellanos Navarro, por disponer
el reconocimiento y pago de honorarios a un concejal sin estar acreditada su
asistencia a la sesión”. Las palabras se transformaron en una declaración
lapidaria para quien había sido concejal de Cúcuta en cuatro períodos, con una
carrera política que, hasta entonces, se había mantenido relativamente estable se
enfrentaba ahora al fin de su vida política en medio de acusación de negligencia
en la administración.
El caso fue impulsado por el ciudadano Julio César
Pérez Colmenares, quien, al observar las inconsistencias en los registros de
asistencia de algunos concejales, presentó la demanda que desencadenaría el
proceso judicial contra Castellanos. Según Pérez, el entonces presidente del
Concejo, en su calidad de máximo responsable de la corporación, había
autorizado pagos de honorarios a concejales que no habían asistido a las
sesiones. Su denuncia buscaba no solo cuestionar la actuación de Castellanos,
sino también alertar sobre posibles vacíos de control en la administración de
los recursos públicos.
La Procuraduría, al analizar el caso, respaldó la
demanda de Pérez Colmenares, argumentando que el acto de destinar recursos de
forma indebida, aunque instantáneo en su ejecución, tiene un impacto de amplio
alcance en la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes. Para la
entidad, las decisiones del expresidente del Concejo demostraron falta de
rigurosidad en el manejo de fondos públicos, una falta que resultó, según sus
palabras, en una falta grave. Para el Ministerio Público, no se trataba de un
simple desliz administrativo, sino de una infracción de tal magnitud que
merecía una sanción. La Procuraduría argumentó que el cabildante había
accionado con negligencia al no verificar la asistencia y, aun así, proceder
con el pago, lo cual se tradujo en una "culpa grave". Este concepto
de culpa se refiere a no haber actuado con la prudencia que cualquier persona,
incluso de poca diligencia, habría mostrado en una situación semejante. Según
el artículo 63 del Código Civil, la "culpa grave" implica descuidar
los asuntos públicos con una falta de rigor.
La destitución de Oliverio Castellanos, un político experimentado, también trae consigo una lección para los servidores públicos, recordándoles que sus acciones son vigiladas con lupa. En una era en la que el acceso a la información y la vigilancia ciudadana son cada vez más rigurosos, el rigor en el manejo de los recursos públicos se vuelve no solo un mandato ético, sino un deber jurídico.
Este tipo de investigación podría ampliarse para aclarar si existía un patrón o una falta de controles internos en la corporación, lo cual habría permitido la aprobación de pagos a otros concejales sin la debida verificación de su asistencia. Además, la Procuraduría y otras entidades de control podrían solicitar informes adicionales para revisar los registros de asistencia y pagos en ese período. De comprobarse la participación o el beneficio injustificado de otros cabildantes, los involucrados también podrían enfrentar sanciones de pérdida de investidura o, incluso, procesos penales por corrupción y malversación de dineros públicos. La caída de Oliverio Castellanos tiene un trasfondo político que va más allá de una simple falta administrativa. Como concejal opositor y crítico de la gestión del actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y de las actuaciones de otros concejales, entre ellos el propio Jorge Acevedo cuando también fungía como concejal, Castellanos mantuvo una postura firme y pública de cuestionamiento sobre la efectividad de la administración municipal y el uso de
El fallo del Consejo de Estado que decretó su “muerte política” ha puesto bajo la lupa a otros miembros del Consejo de la época, varios de los cuales podrían estar en la cuerda floja. Entre los concejales en mención, cinco forman parte de la coalición del actual alcalde, lo que plantea una situación delicada para su gobierno. Se señala que los concejales Alexander Salazar, Jair Antonio Díaz, José Leonardo Jácome, Víctor Caicedo, Guillermo León Báez, Carlos Luis Chacón, Juan Diego Ordóñez, Edwar Barón y Álvaro Andrés Raad también habrían recibido pagos cuestionables en esa época, lo cual podría derivar en futuras investigaciones y sanciones de tipo disciplinario y penal.
La situación ha generado tensión en la política local, donde la figura de Castellanos simbolizaba una voz de oposición en el Concejo. Si estos concejales son finalmente investigados o sancionados, el panorama de la corporación podría transformarse de forma significativa, afectando la estabilidad de la actual coalición de gobierno en el Concejo de Cúcuta y poniendo en entredicho la legitimidad de la administración del alcalde Jorge Acevedo. La eventual salida de varios concejales claves en la coalición podría debilitar la capacidad del alcalde para impulsar sus proyectos y mantener el control en el cabildo, generando un ambiente de incertidumbre política y mayor presión ciudadana.
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