En Antioquia, la discusión sobre el posible resurgimiento del impuesto de seguridad y convivencia ciudadana ha reavivado tensiones entre actores políticos, empresariales y sociales. Lo que para algunos es una alternativa financiera necesaria para afrontar la crisis de seguridad del departamento, para otros es un golpe inadecuado a la economía de empresas y ciudadanos en medio de un contexto de dificultades económicas.
Un proyecto que incomoda
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su homólogo en Itagüí, Diego Torres Sánchez, han sido claros en su rechazo al proyecto, que pretende cobrar el impuesto a través de las tarifas de servicios públicos. La propuesta, impulsada desde la Gobernación de Antioquia y que deberá ser decidida por la Asamblea Departamental, ha levantado ampolla en diferentes sectores, incluyendo Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Desde EPM, el malestar radica en no haber sido consultados, pese a que el impacto del tributo recaería directamente sobre el costo de la energía, un servicio esencial que ya ha registrado un incremento del 7,32% en el último año, según cifras oficiales. Además, existe preocupación por la posibilidad de un déficit energético en 2025, lo que podría agravar la presión sobre las tarifas.
El sector empresarial alza la voz
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del Comité Intergremial de Antioquia, encabezado por Nicolás Posada López, quien criticó la falta de socialización del proyecto con los sectores directamente afectados. "Antioquia y Colombia atraviesan dificultades económicas y sociales que han impactado significativamente el empleo y las condiciones de vida. Un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos", enfatizó Posada.
El líder gremial advirtió sobre los riesgos de añadir una carga fiscal adicional a un sector empresarial que ya enfrenta decrecimientos significativos, según reportes del DANE. Las organizaciones empresariales temen que la medida desincentive la inversión y agrave la situación económica del departamento.
Una visión desde la Gobernación
Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defiende el proyecto como una respuesta necesaria ante lo que califica como "apatía" del Gobierno Nacional para atender la crisis de seguridad que vive la región. Rendón sostiene que el impuesto permitiría financiar mejoras urgentes en infraestructura policial y militar, así como en la dotación de la Fuerza Pública, aspectos que considera esenciales para garantizar la seguridad de los antioqueños.
Aunque reconoce la preocupación de los sectores afectados, el gobernador insiste en que sin estos recursos será difícil enfrentar el deterioro de la seguridad en el departamento.
Un debate pendiente en la Asamblea
La Asamblea de Antioquia tendrá la última palabra sobre el futuro del proyecto. En este escenario, los diputados se encuentran en una encrucijada: aprobar una medida polémica que promete reforzar la seguridad, pero que podría impactar negativamente a la economía local, o rechazarla y buscar alternativas menos controvertidas.
El debate sigue abierto, y mientras tanto, el proyecto de ordenanza continúa polarizando a una región que busca equilibrio entre seguridad y sostenibilidad económica. Para muchos, el reto no solo está en tomar una decisión, sino en garantizar que cualquier solución cuente con un amplio consenso social y empresarial.
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