El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la inclusión del exgeneral del Ejército Nacional de Colombia, Mario Montoya Uribe, en su lista de personas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos, específicamente relacionadas con los llamados “falsos positivos” durante el conflicto armado en Colombia, un período marcado por graves violaciones de derechos humanos, donde se registraron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, que continúan siendo objeto de investigaciones judiciales y de exigencias de justicia por parte de las víctimas y organizaciones sociales.
El secretario de Estado, Antony Blinken, informó a través de un comunicado que hay “pruebas creíbles” que vinculan a Montoya Uribe con ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo su mando, en las que civiles fueron asesinados y luego presentados falsamente como bajas en combate.
“Como resultado de esta acción, Montoya Uribe y sus familiares directos no tienen derecho a entrar en Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado.
Un oscuro capitulo del conflicto armado
Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales de supervisar o permitir prácticas que resultaron en miles de “falsos positivos”, una de las más graves violaciones de derechos humanos registrados en el país. .
Estas ejecuciones extrajudiciales se cometieron bajo la presión de mostrar resultados en la lucha contra grupos armados ilegales, en un contexto donde las recompensas y reconocimientos a los militares por bajas en combate incentivaron actos atroces como los "falsos positivos", en los que civiles inocentes fueron asesinados y reportados falsamente como guerrilleros abatidos, todo con el fin de cumplir metas operativas y recibir recompensas, ascensos o prestaciones.
Los casos de “falsos positivos” han sido ampliamente documentados y denunciados por organizaciones nacionales e internacionales, que exigen justicia.
Reacciones y repercusiones
La decisión del Departamento de Estado ha generado diversas reacciones, particularmente entre las organizaciones de derechos humanos, que consideran este paso como un respaldo a las demandas de justicia de las víctimas.
En Colombia, Montoya enfrenta procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde se le atribuye responsabilidad en múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, su situación judicial no ha tenido una resolución definitiva, y el pronunciamiento de Estados Unidos podría influir en el desarrollo de estos procesos.
El anuncio resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia transicional y el compromiso internacional con las víctimas, reafirmando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y deben ser objeto de investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares, para garantizar justicia a las víctimas y evitar que estas atrocidades queden impunes.
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