Cada año, miles de colombianos y latinoamericanos arriesgan todo por alcanzar el sueño americano. Pagar sumas exorbitantes a traficantes, enfrentarse a riesgos extremos en la frontera y desafiar las políticas migratorias de Estados Unidos son solo algunos de los sacrificios que realizan con la esperanza de una vida mejor. Sin embargo, la dura realidad es que muchos de ellos son detenidos y devueltos a sus países de origen, dejando atrás no solo sus aspiraciones, sino también un rastro de deudas y desilusión.
En Colombia, la situación ha adquirido un matiz polémico. En 2023, Estados Unidos devolvió a 14.000 colombianos indocumentados, muchos de los cuales esperaban acogerse al estatus de asilados y se encontraban en trámites migratorios. Pero, tras una disputa en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y autoridades estadounidenses, el gobierno colombiano tomó la decisión de asumir el costo de los vuelos de repatriación, un gasto multimillonario que no estaba contemplado en el presupuesto nacional.
El alto precio de las deportaciones
Según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el costo promedio de un vuelo chárter diario es de 8.577 dólares por hora, mientras que un chárter especial de alto riesgo varía entre 6.929 y 26.795 dólares por hora, dependiendo de los requisitos de la aeronave y los servicios necesarios. Estos costos incluyen la aeronave, combustible, tripulación, personal de seguridad, profesionales médicos y otros gastos operativos.
A precios actuales, un vuelo chárter diario cuesta aproximadamente 36 millones de pesos colombianos por hora, mientras que un chárter especial de alto riesgo oscila entre 29 y 112 millones de pesos por hora. Un vuelo desde Estados Unidos hasta Colombia, que puede durar hasta 8 horas y 20 minutos desde puntos como El Paso (Texas), representa un costo total que podría superar fácilmente los 1.000 millones de pesos por viaje.
Colombia, entre los países con más deportaciones
Entre 2020 y 2024, Colombia recibió 475 vuelos de deportación, según datos de Witness at the Border. Esto lo posiciona como el quinto país latinoamericano que más vuelos de deportados ha recibido, después de Guatemala, Honduras, México y El Salvador. En promedio, el país ha recibido 95 vuelos de deportados al año, lo que evidencia una problemática constante y creciente.
La decisión del gobierno colombiano de asumir los costos de repatriación ha generado un debate intenso. Críticos de la administración Petro señalan que este gasto, que se estima en miles de millones de pesos, podría haberse evitado si se hubiera permitido que Estados Unidos aterrizara directamente con los vuelos de deportados, como lo hacía en años anteriores.
Una economía apretada y prioridades cuestionadas
Para un país cuya economía enfrenta constantes desafíos, el gasto en vuelos de repatriación supone una presión adicional a las finanzas públicas. “Es un gasto para el que la Casa de Nariño no estaba preparada y que le aprieta aún más una billetera que no aguanta mucho más”, aseguran expertos en política pública.
Mientras tanto, miles de colombianos que regresan al país lo hacen con sueños rotos y pocas oportunidades. La falta de políticas efectivas para la reintegración de los deportados agrava aún más la situación, dejando a muchos en la incertidumbre y con pocas opciones para rehacer sus vidas.
Un ciclo sin fin
La migración irregular hacia Estados Unidos es un fenómeno que seguirá siendo un desafío para Colombia. Las historias de quienes buscan escapar de la pobreza y la violencia se encuentran con una realidad dura: deportaciones costosas, sueños truncados y un gobierno que debe equilibrar sus finanzas mientras enfrenta una crisis migratoria que parece no tener fin.
En este contexto, la pregunta que queda es: ¿puede Colombia encontrar una solución más sostenible y humana para atender este problema, sin cargar a los contribuyentes con costos tan altos ni abandonar a sus ciudadanos más vulnerables?
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