El despido colectivo de 81 trabajadores por parte de UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. ha generado una revisión exhaustiva por parte del Ministerio del Trabajo, que se ha comprometido a garantizar el debido proceso y proteger los derechos laborales de los afectados.
La empresa argumentó que su decisión se basa en razones técnicas y económicas, amparándose en los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1997, los cuales regulan los procedimientos para este tipo de desvinculaciones laborales. En un comunicado oficial, UNE-EPM Telecomunicaciones señaló que la medida busca ajustar la estructura operativa a las actuales condiciones del mercado.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección Territorial Antioquia, inició un proceso administrativo para verificar si la solicitud de despido colectivo cumple con las normativas vigentes. Este procedimiento incluye la evaluación de las pruebas presentadas por la empresa, con el objetivo de garantizar una decisión informada que respete el debido proceso y los derechos laborales de los trabajadores.
Entre las acciones previstas por el Ministerio se incluye la notificación simultánea a los empleados afectados, asegurando que estos puedan ejercer sus derechos, además del monitoreo de las causaciones laborales para que se garantice el pago oportuno de indemnizaciones y prestaciones. Asimismo, se facilitará la participación de organizaciones sindicales y terceros interesados en el trámite administrativo, promoviendo la transparencia y el diálogo en este proceso.
Con este despido colectivo, UNE-EPM Telecomunicaciones, que actualmente cuenta con 745 trabajadores, reduciría su planta de personal a 664 empleados. La decisión ha generado preocupación en algunos sectores laborales y sindicales, que demandan mayor claridad sobre las razones económicas y técnicas expuestas por la empresa.
El Ministerio del Trabajo subrayó su compromiso con la protección de los derechos laborales y el cumplimiento de las normas, reafirmando que el proceso será evaluado con rigor para evitar vulneraciones y garantizar la equidad en la resolución del caso.
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