A partir de mi trabajo como representante de víctimas, construí una imagen rápida y general de los procesos penales que acompaña la FLIP en este 2025. Estos casos, conocidos por la Fiscalía y la justicia penal ordinaria, involucran ataques graves contra periodistas, comunicadores sociales y sus familias.
La Fundación, como siempre, estará allí, acompañándolos en su búsqueda de verdad y justicia. He tenido que actuar como apoderado en un grupo particular de procesos que se consideran violaciones graves a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario. Homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, torturas, privaciones de libertad…
Cada uno de estos delitos causan daños no solo a las víctimas, sino también a las familias y los territorios que quedan marcados por el dolor.El panorama de responsabilidades es amplio y perturbador. En estos casos se entrelazan las culpas de actores que abarcan desde las élites económicas y políticas regionales hasta las guerrillas, sus disidencias, narcotraficantes, paramilitares y los llamados grupos posdesmovilización. Igualmente, se incluye la responsabilidad de los agentes del Estado, miembros de corporaciones públicas, de la fuerza pública, del ejército y la policía, cuya participación deja una sombra que no se puede ignorar.
En medio de los ataques indiscriminados contra la población civil que caracterizan el conflicto armado, los periodistas y comunicadores sociales han sido un blanco constante. Matar, secuestrar, torturar o desaparecer a un periodista envía un mensaje claro: las amenazas son reales, el poder detrás de ellas es implacable y el silencio que buscan imponer es absoluto.
Los periodistas y comunicadores sociales son arrinconados y arrastrados hasta el abismo, por ser deslegitimados como sapos y metidos para justificar el crimen.
Luego, cuando las víctimas reclaman la justicia, nuevamente aparecen los victimarios quienes justifican el crimen al recordar que “ellos se los buscaron”.Es imposible no detenerse a reflexionar sobre el uso del terror y la crueldad extrema como herramientas de control. Como lo han documentado las instituciones de justicia transicional, en el marco del conflicto armado colombiano, este repertorio de violencia no es fortuito; busca instalar el miedo como un mecanismo para garantizar dominio sobre territorios y poblaciones.
Otra reflexión se vincula con el viejo adagio, “la justicia tarda, pero llega en algún momento”. Esto ya que las investigaciones, aunque avanzan en la judicialización de los sicarios, suelen quedarse cortas cuando se trata de quienes ordenaron o permitieron los crímenes.
La impunidad reina especialmente cuando los casos rozan a políticos, miembros de la fuerza pública o agentes del Estado asociados al paramilitarismo.Al final, la radiografía proyecta una imagen de atrocidades que desafían la imaginación y deben conmover profundamente nuestra conciencia. Sin embargo, la resistencia, persistencia y resiliencia de la víctima no ha terminado.
Ellas no abandonan la lucha por el reconocimiento de sus derechos, así como tampoco podemos dejar de exigirle al Estado colombiano que cumpla con su deber de acabar con la impunidad y garantizar la no repetición de estos hechos.
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