Los recientes atentados terroristas en Cúcuta y su área metropolitana han generado un ambiente de incertidumbre y preocupación en la ciudadanía, mientras que diversos sectores han alzado la voz para exigir medidas contundentes en materia de seguridad. Aunque las acciones violentas se atribuyen inicialmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), hay indicios de que otros actores podrían estar detrás de estos hechos, lo que plantea interrogantes sobre el deterioro del orden público en Norte de Santander y la aparente falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Oleada de ataques y pánico ciudadano
La primera explosión ocurrió en el peaje La Parada, que conecta con el puente fronterizo Simón Bolívar. Posteriormente, se registraron ataques contra la estación de Policía en ese mismo sector y contra el CAI de Villa Antigua, en el municipio de Villa del Rosario. El peor de estos atentados ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles en el peaje que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira, el cual fue destruido en su totalidad.
El último ataque se produjo a las 6:00 de la mañana de este jueves contra el CAI del barrio San Rafael en Cúcuta, muy cerca de una institución educativa, lo que generó pánico entre estudiantes y profesores. En el lugar, un uniformado resultó herido.
Como respuesta a esta crisis de seguridad, las autoridades han decretado toque de queda a partir del 20 de febrero de 2025 en Cúcuta y su área metropolitana.
Reacciones del sector empresarial y gremial
El Comité Intergremial de Norte de Santander emitió un pronunciamiento en el que advirtió: “El evidente deterioro de la seguridad en el departamento y en Cúcuta exige la adopción de medidas urgentes. Es indispensable que las autoridades civiles, militares y de policía asuman el liderazgo necesario para implementar acciones efectivas”.
Francisco José Unda Lara, director regional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), afirmó que “es imposible separar estos acontecimientos de la compleja situación que ya enfrenta el departamento; y creo que en un escenario de Conmoción Interior, debería existir un refuerzo en la seguridad de la región para evitar que estos hechos sigan ocurriendo”.
Santiago Palacios, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) seccional Norte de Santander, lamentó la situación y señaló que “es necesario analizar decisiones estratégicas como la desfinanciación, sin precedentes, de las fuerzas militares y de la policía, lo que nos devuelve a la inseguridad de los años 90”.
Por su parte, la Asociación de Industriales de la Arcilla de Norte de Santander (Induarcilla) condenó los ataques y subrayó la importancia de la seguridad para la estabilidad económica: “Nuestra industria y el desarrollo del departamento dependen de condiciones seguras para la inversión, el trabajo y la producción”.
Sergio Hernando Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte “soluciones reales frente a estos lamentables hechos”.
Presión política y llamado a la acción
El Concejo Municipal de San José de Cúcuta solicitó al presidente Gustavo Petro que destine recursos económicos y logísticos para restablecer la seguridad y la tranquilidad en la región. En la misma línea, la Asamblea Departamental pidió la implementación de medidas contundentes para evitar la repetición de estos ataques.
Desde el ámbito de los derechos humanos, Enrique Pertuz, director general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), calificó la escalada de violencia como “una crónica de una muerte anunciada”, asegurando que las amenazas y advertencias de estos atentados fueron ignoradas por las autoridades.
Crisis de seguridad sin respuestas claras
La Unión Temporal de Peajes Nacionales exigió mayor acompañamiento en las estaciones de peaje del país, tras el atentado en la Autopista Internacional en el que al menos cinco personas resultaron heridas.
Mientras la población vive con temor y las autoridades intentan contener la crisis con el toque de queda, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué más debe ocurrir para que se tomen medidas estructurales y efectivas para garantizar la seguridad en Norte de Santander?
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